La preocupación por la sostenibilidad económica del sector pesquero se extiende desde los puertos de la Patagonia argentina hasta las lonjas gallegas, en medio de un nuevo ciclo de proteccionismo impulsado por la administración de Donald Trump.
Por Irene Ascoli, GlobalPorts
La industria pesquera mundial atraviesa un momento de profunda inquietud. La reciente decisión del gobierno estadounidense de aplicar un arancel del 10% a productos importados —incluyendo los provenientes de España y otros países pesqueros clave— ha encendido alertas en todo el sector. En un contexto de recuperación pospandemia y creciente presión por adoptar prácticas sostenibles, las trabas comerciales suponen un nuevo obstáculo para una actividad que ya enfrenta múltiples desafíos estructurales.
La inquietud global tendrá su expresión en Barcelona durante la próxima edición de la Seafood Expo Global 2025, donde se reunirán empresas de más de 80 países en busca de respuestas y estrategias frente a un escenario incierto.
España, segundo país europeo exportador de productos del mar a Estados Unidos, ve con preocupación cómo esta nueva barrera puede afectar un negocio que supera los 290 millones de euros anuales. Entre los productos más demandados por el mercado estadounidense se encuentran el pulpo, el atún rojo, la sepia y el calamar, así como las conservas.
El temor de los empresarios pesqueros españoles es claro: si los nuevos aranceles se sostienen o se agravan, podrían impactar negativamente en las exportaciones, afectando empleos, inversiones y la competitividad del sector.
Argentina: la crisis que España quiere evitar
Mientras en Europa se teme por lo que podría pasar, en Argentina ya está pasando. Bajo el gobierno de Javier Milei, la industria pesquera enfrenta un escenario devastador: sin retenciones reducidas, sin políticas de incentivo, y con altos costos fiscales, muchas empresas denuncian que salen a pescar con pérdidas. De hecho, más de un centenar de buques permanecen amarrados en los puertos, porque pescar hoy —dicen— cuesta más que quedarse en tierra.
Las cámaras empresarias del sector han advertido que, en pocas semanas, se han acumulado pérdidas por más de 100 millones de dólares. La carga impositiva —que incluye retenciones a la exportación y tributos internos— se mantiene inalterada, mientras aumentan los costos logísticos y operativos. Sin un marco que garantice competitividad, la actividad se desacelera peligrosamente, afectando la cadena productiva, el empleo y la capacidad de generar divisas.
La diferencia entre ambos casos radica en el margen de acción. España, aún con la amenaza sobre la mesa, cuenta con una política pesquera común europea que —con sus defectos— ofrece mecanismos de defensa. En cambio, Argentina aparece como un ejemplo de lo que sucede cuando un sector estratégico queda librado a su suerte en un mercado global cada vez más turbulento.
Un problema estructural con escala internacional
El caso argentino y la inquietud española son dos caras de la misma moneda: la creciente dificultad del sector pesquero global para sostener su rentabilidad frente a políticas comerciales imprevisibles, estructuras fiscales regresivas y una transición ecológica que —aunque necesaria— exige fuertes inversiones.
Las próximas semanas serán claves para evaluar si la comunidad internacional del sector pesquero logra articular una respuesta común que priorice la sostenibilidad económica sin sacrificar empleo, innovación ni soberanía alimentaria. De no ser así, las redes podrían seguir tendidas… pero vacías.
