La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso una intervención por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y observaciones operativas. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión y afirmó que el puerto funciona con normalidad en plena temporada récord de cruceros.
Por GlobalPorts
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, en una medida que, según trascendió, se fundamenta en presuntas irregularidades en el manejo de fondos y en observaciones vinculadas a condiciones operativas y de seguridad.
El anuncio abrió un nuevo frente de tensión institucional con el Gobierno de Tierra del Fuego, luego de que el gobernador Gustavo Melella confirmara públicamente la decisión del Ejecutivo nacional y expresara su rechazo. En declaraciones difundidas por medios de prensa, el mandatario sostuvo que la intervención constituye “una ilegalidad”, al remarcar que desde Nación “no pueden intervenir un puerto provincial” y que “no tienen ninguna facultad para hacerlo”.
Confirmación oficial y respuesta del Gobierno provincial
La confirmación del gobernador terminó de consolidar el hecho en la agenda pública, dejando atrás el terreno de los trascendidos. En su posicionamiento, Melella cuestionó los fundamentos de la medida y anticipó que la Provincia trabaja en distintos planos para encauzar la situación “con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.
En un mensaje publicado en la red X, el gobernador expresó: “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. A la vez, señaló que mantiene “diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”.
Una intervención en plena temporada alta de cruceros
Según se informó, la intervención se dispuso en un momento de alta sensibilidad operativa para la terminal, en plena temporada estival, cuando el Puerto de Ushuaia concentra la llegada de cruceros y el movimiento de miles de turistas en la capital fueguina.
En ese contexto, el propio Melella afirmó que el Puerto de Ushuaia “opera con normalidad” y atraviesa una “temporada récord de buques y cruceros”. En su publicación, también destacó que “las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia” y sostuvo que la actividad actual refleja “estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios”.
Observaciones técnicas y argumentos expuestos
Entre los fundamentos mencionados en inspecciones recientes —según lo publicado por medios locales— se señalaron observaciones vinculadas al estado del Sitio 3 del muelle, incluyendo faltante de pilotes, defensas gastadas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. A estos puntos se sumarían cuestionamientos por “serios compromisos” en la gestión administrativa y financiera, además de condiciones básicas de seguridad operativa.
Antecedentes: de la desmentida a una nueva etapa institucional
El episodio retoma un antecedente reciente en el circuito informativo fueguino. A fines de diciembre de 2025 habían circulado versiones sobre una posible intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, información que en aquel momento fue desmentida por autoridades provinciales.
El escenario actual, sin embargo, muestra un cambio de etapa: la decisión fue comunicada, confirmada públicamente por el gobernador y derivó en un posicionamiento político-institucional directo, lo que terminó de instalar el tema como un conflicto abierto entre jurisdicciones.
Gobernanza portuaria: el debate que reabre el caso Ushuaia
Desde el punto de vista de la gobernanza portuaria, una intervención de estas características plantea un tema institucional sensible. En Argentina conviven puertos bajo administración nacional, provincial y municipal, con distintos modelos de gestión. Por eso, cuando una autoridad nacional dispone medidas sobre un puerto de jurisdicción provincial, el debate excede lo administrativo y se proyecta sobre la distribución de competencias entre niveles de gobierno.
En términos prácticos, una intervención supone desplazar temporalmente la conducción administrativa, revisar circuitos de control y ejecución de fondos y reforzar mecanismos de auditoría y trazabilidad de decisiones. Al mismo tiempo, el desafío operativo consiste en evitar que el reordenamiento institucional introduzca incertidumbre en la planificación logística, especialmente en períodos de alta demanda de servicios como el que atraviesa Ushuaia.
Implicancias logísticas y lo que sigue
Más allá del cruce entre Nación y Provincia, el foco del sector está puesto en precisar el alcance real de la intervención, sus mecanismos de implementación y su impacto en la operatoria cotidiana del puerto. En un nodo estratégico para el abastecimiento regional y el movimiento marítimo del extremo sur del país, la previsibilidad institucional se vuelve un factor crítico para sostener continuidad operativa, planificación de servicios, mantenimiento e inversiones.
En las próximas horas, la evolución del caso estará atada a dos variables: por un lado, la instrumentación administrativa de la medida dispuesta por la ANPyN; y por el otro, la respuesta política y jurídica del Gobierno fueguino, que ya expresó su rechazo y anticipó gestiones para encauzar el conflicto, con el objetivo declarado de preservar el normal funcionamiento del puerto.
