Por GlobalPorts
La Justicia Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno de Tierra del Fuego para habilitar la feria judicial y tratar de manera urgente la medida cautelar que busca suspender la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
La decisión implica que el planteo no será analizado durante el receso judicial y que el expediente continuará su curso una vez retomada la actividad habitual de los tribunales, demorando así cualquier resolución inmediata sobre la continuidad de la intervención administrativa.
Un rechazo procesal, no de fondo
La resolución judicial no se pronuncia sobre la validez o invalidez de la intervención ni sobre la constitucionalidad del acto administrativo cuestionado por la provincia. El tribunal entendió que no se configuran las condiciones de urgencia excepcionales que justifican habilitar la feria judicial.
En paralelo, el juzgado solicitó la intervención de la Fiscalía Federal para que dictamine sobre aspectos formales y de competencia, entre ellos si corresponde que el planteo sea impulsado por el gobernador o por la Fiscalía de Estado provincial, y cuestiones vinculadas a la representación legal ante la Justicia Federal.
El origen del conflicto
El gobierno fueguino presentó la cautelar contra la Resolución 4/2026 de la ANPYN, que dispuso la intervención administrativa y la suspensión de la habilitación portuaria por 12 meses. Desde la provincia sostienen que la medida afecta la autonomía provincial, el régimen federal y la administración de recursos propios vinculados a la operatoria del puerto.
El objetivo de la cautelar era claro: suspender los efectos de la intervención mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Sin embargo, al no habilitarse la feria judicial, ese pedido queda en suspenso.
Qué implica en la práctica
Mientras la causa continúa su trámite formal, la intervención del puerto de Ushuaia permanece vigente. No habrá definición judicial sobre la cautelar hasta que el expediente avance con los dictámenes requeridos y el tribunal retome su actividad ordinaria.
Desde el punto de vista operativo e institucional, esto consolida un escenario transitorio en el que la administración portuaria seguirá bajo el esquema dispuesto por la autoridad nacional, al menos hasta que la Justicia ingrese en el análisis de fondo del planteo provincial.
El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre competencias portuarias, autonomía provincial y facultades del Estado nacional en materia de regulación y control de infraestructuras estratégicas. Un debate que trasciende a Ushuaia y que vuelve a poner en agenda la relación entre federalismo y gobernanza portuaria en la Argentina.
