La reactivación impulsada por el Gobierno en conjunto con las cámaras empresarias y los gremios del sector puede recuperar US$ 7.000 millones al año que deja de percibir el país por no sacar las cargas a través de barcos de bandera argentina.
La reactivación de la industria naval impulsada por el Gobierno en conjunto con las cámaras empresarias y los gremios del sector, puede generar 20.000 empleos y recuperar US$ 7.000 millones al año que deja de percibir el país por no sacar las cargas a través de barcos de bandera argentina.
Así lo aseguraron a Télam la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez; el presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) José Elverdín; y el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán.
El Gobierno, a través de la Administración General de Puertos (AGP), conformó la Mesa de Trabajo de la Marina Mercante y la Industria Naval, con empresas, gremios y legisladores, para avanzar en la reglamentación y mejoramiento de las leyes de promoción para ambos sectores.
Las leyes 27.419 de la Marina Mercante y 27.418 de la Industria Naval fueron sancionadas por el Congreso en diciembre de 2017, pero en su reglamentación algunos de los artículos fueron vetados y otros jamás puestos en práctica.
«Hay que volver a sacar las cargas con bandera argentina. Por hacerlo con bandera extranjera, estamos perdiendo de US$ 5.000 a US$ 7.000 millones al año de divisas para el país», indicó Martínez, quien aseguró que «con la reactivación de la industria naval se pueden conseguir 20.000 puestos de trabajo».
Sostuvo que «el armado de la mesa de trabajo es excelente», y remarcó que «se trabajó durante años para lograr las leyes de Marina Mercante y de la Industria Naval».
Sin embargo, indicó que «en la ley de la Industria Naval, el expresidente Mauricio Macri eliminó el financiamiento y la promoción para su desarrollo», y añadió que «en la de Marina Mercante, el artículo 13 habilita la importación con arancel cero de embarcaciones que se pueden construir perfectamente en la Argentina».
«Esa ley contradice a la de industria naval y termina por hacer que todos los constructores argentinos vayan a armar barcos a Paraguay, y mata a los astilleros argentinos», subrayó la titular de la CINA.
Sin embargo, consideró que «en esta ocasión hay un Estado presente y participativo que permite abocarnos a buscar soluciones», y puntualizó que «se debe recuperar la bandera argentina en la Hidrovía, por ejemplo, donde la participación nacional es del 3%, una vergüenza».
«Nos gana en participación Paraguay, pero con ingenieros y armadores argentinos. La industria de ellos es argentina. También es un despropósito que Argentina no tenga buques de ultramar. Es una asignatura pendiente que debemos concretar», sostuvo Martínez.
Por su parte, Elverdín valoró «la convocatoria con todos los involucrados en la actividad», y subrayó que «hay indudablemente un acuerdo común en que las leyes fueron un primer paso, pero también la coincidencia en que falta bastante para terminar de reactivar al sector».
Estimó que «los aspectos pendientes de reglamentación deberán ser lo más inmediato posible», y precisó que «el artículo 12 de la ley de Marina Mercante referido a un subsidio del 50% en el impuesto a los combustibles, nunca fue reglamentado».
Remarcó que «otro artículo fundamental es el 30, que fija que los barcos de bandera extranjera, antes exentos, ahora deben tributar como lo hacen los nacionales, y no se cumple».
Afirmó que «es un elemento importante para poder igualar la competencia desleal de los barcos de bandera extranjera que hacen tráfico de cabotaje, y también para que el Estado recaude y reduzca el déficit fiscal».
Destacó que «el potencial para la construcción de barcos a nivel local es muy grande», y puso de relieve que «demanda mucha gente calificada y personal para trabajar».
En tanto, González Insfrán afirmó que «realmente hay una expectativa muy positiva», y subrayó que «el paso que dieron la semana anterior con la Hidrovía (la administración compartida de Nación y provincias) es positivo, ayuda a que se entienda la importancia del desarrollo de la vía fluvial».
«Hasta ahora sólo se beneficia el tráfico extranjero porque Argentina no tiene flota de ningún tipo. El 98% de la carga en la Hidrovía lo transportan barcos de bandera paraguaya. Y en el mar todas las banderas son extranjeras», subrayó el dirigente gremial.
Sostuvo que «con la política de la Hidrovía se pone en evidencia la necesidad de tener una flota», y consideró que «para eso es preciso modificar la actual ley de Marina Mercante, malograda por el gobierno anterior, para que se desarrolle la de bandera nacional».
«Es preciso tener una flota local competitiva en la Hidrovía. La carga está: 140 millones de toneladas de granos solamente, sin contar el resto de la producción», indicó González Insfrán, quien remarcó que «la diferencia impositiva con los países de la región es muy grande. Tenemos 70% de presión impositiva, contra 35% de Paraguay y Bolivia. Eso deja afuera del mercado a la industria argentina».
Explicó que «el negocio pasa por donde sea más económico el transporte», y puntualizó que «hoy no lo es transportar con bandera argentina».
También subrayó que «la industria naval genera una demanda de empleo enorme», y afirmó que «para sacar al país de la pobreza hay que desarrollar la marina mercante, porque demanda miles de puestos de mano de obra en la construcción de equipos y embarcaciones, en la tripulación y en el manejo de las mismas». Fuente: Telam, por Leandro Selén