Por AGUSTIN BARLETTI
Sin un completo estudio de impacto ambiental, es imposible pensar en licitar la vía navegable del Paraná. A siete días hábiles de la finalización de la concesión de la hidrovía, el debate gira en torno a consideraciones políticas y económicas cuando en realidad debiera poner foco en la cuestión ambiental. Según la Ley General del Ambiente 25.675, antes de un llamado a licitación, debe llevarse a cabo un completo estudio de impacto ambiental y una posterior audiencia pública. Mejor entonces poner manos a la obra cuanto antes.
“Desde el año 1969 no tenemos ningún tipo de información hidrométrica ni hidráulica ni batimétrica, ni de sedimentos en estos cursos de agua. Con lo que tenemos hoy de información no podemos avanzar ni en una licitación, ni en la decisión de que el estado se haga cargo de la hidrovía. Además, que el estado se haga cargo no significa ni menos corrupción, ni mayor eficiencia“, dijo a Transport & Cargo Silvia Vázquez, presidenta del Partido Verde de la República Argentina.
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La especialista estimó que “como mínimo, se necesita un año y medio” para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en la hidrovía como paso previo a su llamado a licitación.
“El ambiente y la protección de los ecosistemas son los grandes ausentes en la hidrovía. En todo el debate, se plantea quién recauda el peaje y quién pone el dinero para la obra, si es o no una cuestión de soberanía. Solo se discuten los intereses económicos y no temas de tremenda importancia como el impacto ambiental que puede derivar de esta obra de infraestructura y el equilibrio del ecosistema que tenemos la obligación de proteger“, aseguró Silvia Vázquez.
Adriana Anzolín miembro de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC) y Red del Río Lujan, también expresó la necesidad de “elaborar una evaluación ambiental estratégica del conjunto de proyectos de obras y actividades que permita analizar la relación de este mega proyecto con aspectos ambientales, territoriales y socio económicos dentro de su área de influencia”. Anzolín recomendó “establecer proyectos de evaluación de impactos que consideren la integralidad de la hidrovía, lo que implica el análisis de los impactos del conjunto de todas las obras y actividades propias de la misma, así como las sinergias e impactos acumulativos que pueden darse”.
Dentro de este esquema, propuso el establecimiento de nuevas áreas protegidas como medida compensatoria y de mitigación contra los impactos ambientales y se fortalezca y se asegura la gestión de las ya existentes. También un mecanismo de evaluación continua de los impactos ambientales que incluya el estado de la calidad del agua, de las costas, y de los humedales asociados.
Las organizaciones sociales y ecologistas -Fundación CAUCE, Taller Ecologista y Fundación Humedales – Wetlands International- invitadas a la primera reunión del Consejo Federal de Hidrovía (CFH) presentaron un documento con propuestas concretas. Con la adhesión de más de 50 organizaciones e instituciones, solicitan que este proceso licitatorio garantice el acceso a la información pública en todos los procedimientos previstos para la futura administración de la hidrovía y el derecho a la participación ciudadana; una evaluación ambiental estratégica con un enfoque eco sistémico, que permita analizar la relación de este mega proyecto con aspectos ambientales, territoriales y socioeconómicos; una planificación de obras y de navegación que evite o minimizar daños y la implementación de medidas para la conservación de humedales, riberas y sus bienes. Asimismo, se pide la constitución de un órgano de control con representación y participación plural de la ciudadanía.
Otro punto abordado por las organizaciones fue el pedido de incorporación al CFH como miembros permanentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de organismos sociales, territoriales y de ambiente de todas las provincias que son influenciadas por el tráfico de materias primas y mercaderías procesadas.
“Solicitamos que se atiendan estas propuestas a los fines de transparentar el proceso licitatorio, teniendo en cuenta la sustentabilidad socio ambiental del proyecto de infraestructura fluvial. Creemos que esta instancia otorga, también, la posibilidad de discutir la matriz socioeconómica que la hidrovía estructura y a la que responde y apelamos al debate sobre una política de transporte (fluvial) de largo plazo que incorpore la dimensión ambiental en todas sus etapas”, expresaron las organizaciones.
Dentro de la petición, figura la necesidad de establecer “procedimientos de evaluación de impactos ambiental (estudios de pre factibilidad, estudios de impacto ambiental), y planes de gestión ambiental que consideren la integralidad de la hidrovía y la jerarquía de mitigación. Los mismos deben incluir obras y actividades asociadas, y considerar impactos a escala regional y local, impactos acumulativos y la afectación de las funciones y servicios eco sistémicos que brindan los humedales de la Cuenca. Asimismo, deberán prever los efectos del cambio climático y los riesgos asociados a eventos hidro climáticos extremos.
Otro que pidió mayor presencia ambiental fue el senador nacional Jorge Taiana, quien participó de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la cámara Alta, en la que se debatió el proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de la hidrovía y el sistema troncal.
“A pocos días del fin de la concesión todavía hay muchos interrogantes que no tienen respuesta como por ejemplo qué vamos a hacer con el trazado de la vía… Tampoco se han realizado los estudios batimétricos ni ambientales y no hay una propuesta clara sobre la traza ni sobre el cobro del peaje ni sobre los mecanismos de control. Hasta ahora todo es un misterio”, remarcó el legislador.
Fuente: Transport & Cargo, El Cronista
