El Farruco es el primer buque con pabellón europeo sancionado este año. Las cuatro sanciones anteriores recayeron sobre buques de Vanuatu y Portugal, y la diferencia empieza a abrir preguntas sobre el alcance real de la vigilancia satelital argentina.
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La multa al Farruco por pesca ilegal, aplicada por la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca el 4 de septiembre, marca un quiebre en el patrón de sanciones de 2026: el arrastrero congelador, con puerto base en Las Palmas de Gran Canaria y bandera española, es el primer buque con pabellón europeo detectado operando sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La sanción a la empresa propietaria del buque asciende a $1.844.000.000, equivalente a un millón de Unidades de Pesca (UP), la unidad de referencia con la que el organismo calcula las multas pesqueras. Fue el quinto buque extranjero sancionado en lo que va de 2026.
El dato de bandera no es menor para el sector. Los cuatro procedimientos previos del año recayeron sobre el Bao Feng, el Bao Win y el Hai Xiang 2, los tres de bandera Vanuatu, y el Coimbra, de Portugal —un pabellón que en la práctica pesquera internacional también suele asociarse a flotas de aguas distantes con controles laxos—.
El Farruco, en cambio, pertenece al Registro General de la Flota Pesquera de España y opera bajo el marco regulatorio de la Unión Europea, uno de los más exigentes del mundo en materia de trazabilidad y cuotas. Que un buque con esas credenciales termine igual dentro del radar de la ZEEA sugiere que la fiscalización argentina ya no distingue entre flotas históricamente señaladas y flotas con reputación de mayor cumplimiento.
¿Cómo detecta Prefectura la pesca ilegal sin ver la faena?
La sanción se apoya en la Disposición SSRAyP N.º 20/2026, la norma que en febrero estableció los parámetros para presumir actividad pesquera a partir del comportamiento de navegación, sin necesidad de una inspección física a bordo. El criterio combina dos variables: un buque extranjero que navega dentro de la ZEEA a menos de seis nudos y que además traza rumbos o cambios de dirección compatibles con maniobras de pesca activa. Ninguna de las dos condiciones alcanza por sí sola: son los registros cruzados de velocidad y trayectoria los que arman la presunción.
Esa información llega a través del Sistema Guardacostas, con el que la Prefectura reporta los eventos detectados, y de ahí pasa a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCyFP), que evalúa los antecedentes antes de disponer las actuaciones. El capitán, el armador o su representante tienen instancia de descargo: pueden presentar bitácoras, registros de máquinas, partes de avería o información meteorológica que expliquen los movimientos observados y contrasten así la lectura electrónica con la versión del buque.
Un año de sanciones que ya arma serie
Con el Farruco, la seguidilla de 2026 empieza a leerse menos como hechos aislados y más como una política sostenida. El balance oficial difundido el 25 de agosto —antes de esta última sanción, y sobre el que conviene verificar si ya incorpora o no el monto del Farruco— daba cuenta de $5.381.374.680 efectivamente percibidos en compensaciones por procedimientos contra la pesca ilegal.
La conducción de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), a cargo de Juan Antonio López Cazorla, y de la DNCyFP, encabezada por Arturo Idoyaga Molina, mantiene desde entonces un ritmo de fiscalización que no distingue meses de baja actividad: entre el Hai Xiang 2, sancionado a comienzos de agosto, y el Farruco pasó menos de un mes.
Para el sector pesquero y el marítimo en general, el mensaje que deja el caso es doble. Por un lado, confirma que la Disposición 20/2026 pasó de ser una herramienta normativa nueva a un mecanismo con aplicación efectiva y recurrente.
Por otro, extiende el radio de alcance percibido de esa vigilancia más allá de las flotas de aguas distantes que históricamente concentraron las denuncias por pesca INDNR en el Atlántico Sur, hacia embarcaciones de banderas con marcos de control propios y consolidados. El Farruco, con sus 45,62 metros de eslora y 748 de arqueo bruto, termina siendo un caso de prueba sobre qué tan parejo es hoy el criterio de fiscalización argentino frente a cualquier bandera que cruce el límite de la ZEEA.
