El país vecino insinuó erróneamente la posibilidad de canjear la autorización del Canal Magdalena por la aprobación argentina del dragado a 14 metros del acceso al puerto de Montevideo.

Por Agustin Barletti

La voluntad expresada por el Uruguay de alcanzar los 14 metros de profundidad en el acceso al Puerto de Montevideo, está supeditada a la autorización de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Desde el año 2013 en las conversaciones bilaterales Uruguay propuso un dragado a 14 metros, pero a la hora de presentar el proyecto, la administración de Tabaré Vázquez informó una profundidad de 13 metros y ésta es la que está autorizada por la comisión binacional.PUBLICIDAD

Frente a este panorama, varios funcionarios uruguayos hicieron declaraciones, las que fueron transcriptas en los principales medios del país vecino respecto a la posibilidad de utilizar una supuesta autorización para el Canal Magdalena como moneda de cambio.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra atento a la presentación por parte de la Argentina del eventual proyecto de obra del referido Canal Magdalena en lo que respecta al impacto de dicha obra en la navegación o en el régimen del río”, señaló la cancillería uruguaya en un comunicado.

Según esta visión, Argentina debería enviar información de impacto ambiental del canal a la delegación uruguaya para su estudio, y hasta que el vecino país no dé su visto bueno no se pueden comenzar las obras. Por eso la intención de las autoridades uruguayas es presentar el proyecto de dragado a 14 metros y que estén a consideración de la CARP al mismo tiempo.

Lo cierto es que el Estudio de Impacto Ambiental, su Evaluación, el Plan de Gestión Ambiental y la Resolución aprobatoria ya fueron realizados en el año 2015 por la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Uruguay no objetó nada y el 26 de enero de 2016 se le venció el plazo para hacerlo, por lo que quedó aprobado el proyecto del Canal Magdalena. La única obligación que le queda a la Argentina, cuando se esté por iniciar la obra de dragado de apertura, es comunicarlo al Uruguay para que, si lo desea, controle que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto presentado, según lo establecido por el artículo 20 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Por lo tanto, Uruguay no tiene en este caso ninguna moneda para intercambiar.

“Siendo de un interés muy especial del Señor Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, el dragado del canal de acceso del puerto de Montevideo, con una profundidad de 14 metros (que ya manifestó en un pedido de informes que realizó, cuando era diputado, en el año 2013); llama la atención la forma negligente con que han actuado los distintos funcionarios competentes y responsables durante esta administración”, señaló Edison González Lapeyre.

El prestigioso jurista, que fue representante del Uruguay ante la OEA, la CARP y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), destacó además que “cuando ese distinguido diplomático argentino especializado en temas fluviales y marítimos, el Embajador Diego Tettamanti, presidente de la delegación de su país en la CARP, en una nota enviada a su par uruguayo, en forma muy didáctica (para que aprendan, creo), con transcripción de los artículos aplicables del Tratado del Río de la Plata, ha comunicado que la profundidad que se acordó fue de sólo 13 metros y no de 14, han surgido respuestas absurdas; como que el error lo cometió el Ministro Rossi que hizo esa afirmación, como si un tema de tanta trascendencia pudiese fundarse en las manifestaciones de un ministro del gobierno anterior”.

González Lapeyre recordó que recientemente, fue invitado por el Ministro de Transporte Luis Alberto Heber a su despacho para hablar de este tema.

“Le llevé copias de todas las actuaciones relativas al trámite que había dado lugar a la consulta sobre el canal de acceso al puerto de Montevideo y de las que resulta lo señalado por el Embajador Tettamanti. Si el suscrito, que sólo puede mencionar viejos pergaminos, lo pudo hacer, ¿por qué no lo hicieron los que tenían la responsabilidad de hacerlo que contaban con multiplicidad de asesores y podían disponer fácilmente de toda la documentación pertinente?”, señaló el jurista. 

Fuente: Transport & Cargo, El Cronista

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