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El nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), establecido mediante el Decreto 37/2025 y publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero, introduce un cambio significativo en la regulación de las actividades marítimas y fluviales en Argentina. De acuerdo con las autoridades, este régimen busca alinear la normativa local con los estándares internacionales, reducir trámites burocráticos y simplificar las operaciones en un sector estratégico para el comercio y la economía del país.
El Alcance del Nuevo Régimen
El nuevo REGINAVE establece como principales objetivos:
- Simplificación normativa: Se eliminan trámites y disposiciones redundantes, reduciendo la duplicidad de autorizaciones que, según el decreto, limitaban la operatividad del sector.
- Modernización de estándares: La normativa se alinea con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, promovido por la Organización Marítima Internacional (OMI), actualizando medidas de seguridad y operatividad.
- Dinamismo en las operaciones: La reforma busca otorgar mayor fluidez al comercio marítimo y fluvial, facilitando a los usuarios el cumplimiento de requisitos sin cargas administrativas innecesarias.
Entre las modificaciones específicas destaca la eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos para los buques en puerto, que ahora será opcional, una medida que refleja el avance hacia soluciones de seguridad más modernas.
Una Reforma con fines pragmáticos
El considerando del decreto subraya que esta reforma se centra en “la supresión de aquellas disposiciones que imponen el sometimiento del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal”. Además, plantea que el nuevo régimen permitirá “acceder a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”, con el propósito de reducir costos y mejorar la competitividad del sector.
Implicancias para el Sector
La implementación del REGINAVE tiene implicancias directas en la actividad de empresas, operadores y trabajadores del sector:
- Reducción de costos operativos: La eliminación de trámites burocráticos y servicios obligatorios, como los serenos, disminuye los costos asociados a las operaciones portuarias y de navegación.
- Agilización de procedimientos: Las nuevas disposiciones prometen un acceso más rápido y eficiente a los servicios necesarios, lo que podría incentivar el desarrollo de proyectos en el sector.
- Alineación internacional: Al ajustarse a los estándares globales de la OMI, el sector argentino mejora su capacidad de competir en mercados internacionales y atraer inversiones.
Desafíos y Puntos Críticos
Pese a sus ventajas potenciales, el REGINAVE también plantea algunos puntos críticos entre los que sobresalen:
Capacidad de fiscalización: La Prefectura Naval Argentina, designada como autoridad de aplicación, deberá implementar normas complementarias para garantizar el cumplimiento efectivo del régimen. Esto podría requerir recursos adicionales y una actualización de sus procedimientos internos.
Posibles vacíos regulatorios: La eliminación de ciertas disposiciones, aunque simplifica operaciones, podría generar incertidumbre en aspectos críticos, como la seguridad y la sostenibilidad ambiental.
Equilibrio entre desregulación y control: Si bien la reforma busca reducir la carga normativa, será necesario monitorear que esta simplificación no afecte negativamente la calidad de los servicios o la seguridad en las operaciones.
El nuevo REGINAVE representa un intento de modernización que responde a las demandas de un sector clave para el desarrollo del comercio y la logística en Argentina.
Si bien la eliminación de barreras burocráticas puede potenciar la competitividad y eficiencia del sector, la correcta implementación y monitoreo de estas medidas será crucial para garantizar que los beneficios esperados se traduzcan en mejoras concretas para todos los actores involucrados.
Esta reforma no solo refleja un cambio normativo, sino que también abre un debate sobre cómo equilibrar la desregulación con la necesidad de mantener estándares altos de seguridad, sostenibilidad y operatividad. A medida que el nuevo régimen entre en vigencia, el sector deberá adaptarse a una realidad normativa más dinámica, enfrentando tanto oportunidades como desafíos.