Los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy han presentado una contrapropuesta en relación con la política de biocombustibles propuesta por el Gobierno nacional en la Ley Ómnibus. Su objetivo es contrarrestar la desregulación propuesta y garantizar un equilibrio justo en la participación de pymes y grandes productores en el mercado, según lo informado por el Gobierno de Santa Fe.
El nuevo documento busca respaldar de manera constructiva los esfuerzos del Gobierno central para mejorar la Ley 27.640 de Biocombustibles. Veronica Geese, Secretaria de Energía de Santa Fe, aseguró que la intención es promover la competitividad y equidad entre las pymes y las grandes empresas productoras, en consonancia con el proceso de desregulación propuesto por el Gobierno de Javier Milei.
La propuesta introduce la idea de dos segmentos distintos: uno para empresas no integradas, que son aquellas que no son propietarias del aceite (principalmente pymes), y otro para empresas integradas, que sí lo son.
En contraposición a la iniciativa nacional, que establece un punto de partida del 10% en la mezcla de biodiesel con gasoil, aumentando pronto al 15%, con participación determinada por licitaciones, las provincias productoras proponen licitaciones separadas para cada segmento: el 6,5% del corte inicial del 10% sería licitado entre las empresas no integradas y pymes, mientras que el restante 3,5% sería para las integradas o grandes aceiteras.
Además, abogan por que el crecimiento en el corte se licite entre todas las empresas, eliminando las distinciones de tamaño y segmentos.
Santa Fe, como principal productora de biocombustibles, destaca su posición en este debate, ya que alberga el 82% de la capacidad productiva de biodiesel del país.
Muchas pymes surgieron en la industria de los biocombustibles a partir de los estímulos brindados desde mediados de la década de 2000, pero se vieron afectadas cuando se redujo el corte. La desigualdad propuesta por la Ley Ómnibus de Javier Milei, que eleva el corte pero introduce desregulaciones que perjudican a las pymes en comparación con los grandes productores, es un punto de preocupación expresado por el Gobierno de Santa Fe. Buscan equilibrar esta disparidad, asegurando la eficiencia y obteniendo los mejores precios posibles para cada segmento a través de licitaciones, según propone el Gobierno nacional.
