El presidente de CAABA (Cámara Argentina de Amarraderos de Barcazas y Anexos), Oscar Elvio Correas, advirtió que la falta de mantenimiento y control sobre embarcaciones inactivas constituye un riesgo para la navegación, el medio ambiente y la seguridad de las comunidades ribereñas.
Redacción GlobalPorts
Una barcaza de acero naval de aproximadamente 140 toneladas, matrícula 0308, volvió a soltarse en la noche del 19 de octubre de 2025 en el riacho Correntoso, desplazándose sin control hacia el Puerto Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
El casco, sin tripulación, fue arrastrado por la corriente y amenazó con impactar en la toma de agua que abastece a la planta potabilizadora de la región, además de poner en riesgo las instalaciones portuarias y privadas ubicadas sobre la ribera
El operativo nocturno, coordinado por la Prefectura Naval Argentina –Delegación Reconquista– con apoyo de un buque arenero de la empresa Elías Yapur S.A., permitió interceptar la barcaza antes de que se produjeran daños mayores. Sin embargo, la embarcación quedó nuevamente amarrada de forma provisoria contra árboles de la costa, lo que reaviva la preocupación sobre la ausencia de una solución definitiva.
“El desprendimiento de esta barcaza no es un hecho aislado ni fortuito —explicó Oscar Elvio Correas, presidente de PROBYP S.A.—. Se trata de una situación crónica derivada de fallas técnicas en el sistema de amarre, falta de mantenimiento y ausencia de supervisión continua. Cada creciente del río agrava el riesgo, y la improvisación no puede seguir siendo la respuesta.”
Fallas estructurales y riesgos múltiples
El análisis técnico de Correas identifica que la embarcación estaba sujeta de manera precaria, con cabos deteriorados y puntos de amarre inadecuados —incluso atados a árboles—, lo que facilitó su rotura. A esto se sumó el aumento repentino del caudal del río, que elevó la fuerza de la corriente y superó la resistencia del sistema improvisado
Estas deficiencias generan un riesgo integral para la seguridad náutica, la infraestructura portuaria y el sistema de agua potable. “Una estructura metálica de estas dimensiones, sin control, puede provocar colisiones, daños en muelles o tomas de agua, e incluso contaminación si se producen filtraciones de combustibles o aceites residuales”, subrayó el especialista.
Responsabilidades y marco legal
El incidente, según el experto, encuadra en lo previsto por la Ley de la Navegación N° 20.094, que obliga a los propietarios a retirar o desguazar embarcaciones inactivas que representen un peligro para la navegación o el medio ambiente. La normativa faculta además a la Prefectura Naval a intimar formalmente a los responsables y, en caso de incumplimiento, a ejecutar la remoción por cuenta del Estado
“El dueño del artefacto naval tiene una responsabilidad legal directa: no puede dejar su embarcación en condiciones de riesgo. Si no actúa, la Prefectura debe aplicar el procedimiento de remoción forzosa previsto por la ley. No se trata de un vacío normativo, sino de una falta de aplicación efectiva”, sostuvo Correas.
El presidente de CAABA advirtió además que la reiteración del mismo problema en Reconquista —con desprendimientos registrados en distintos cauces de la zona, como La Raigonada, Moreyra y Los Amores— demuestra la necesidad de pasar de las acciones reactivas a un esquema permanente de prevención y control
Medidas correctivas y cooperación institucional
El informe propone medidas concretas para eliminar el riesgo y evitar futuros incidentes:
- Reforzar los sistemas de amarre con puntos fijos seguros, preferentemente muertos de hormigón y cabos certificados.
- Ejecutar la remoción definitiva de la barcaza mediante el procedimiento legal establecido, con intimación y plazos perentorios.
- Conformar una mesa interinstitucional de coordinación, integrada por la Prefectura, el ente portuario, las autoridades municipales y provinciales, Aguas Santafesinas y expertos técnicos, que permita planificar una solución integral.
“La seguridad de la navegación no se limita al balizamiento o al dragado: también incluye el control de las estructuras flotantes que permanecen inactivas —concluyó Correas—. Este caso debe servir como precedente: el abandono fluvial no puede ser tolerado, porque pone en riesgo a todos.”
Una señal de alerta para el litoral
El episodio de Reconquista vuelve a evidenciar una problemática extendida en los ríos argentinos: la falta de gestión activa sobre embarcaciones inactivas o abandonadas. Estos cascos, muchas veces fuera de servicio desde hace años, se transforman en amenazas latentes para la seguridad operativa, el ambiente y las comunidades ribereñas.
La prevención, concluye el análisis, exige un abordaje profesional y sostenido: monitoreo permanente, cumplimiento estricto del marco normativo y una cooperación efectiva entre el Estado, los operadores portuarios y las empresas privadas.
La seguridad fluvial, como recordó Correas, “es un bien público que debe protegerse con planificación, inversión y responsabilidad compartida”
