El diferendo en la CARP se produce en medio de la licitación de la Vía Navegable Troncal y nuevas definiciones sobre el dragado del Canal Martín García.
Redacción Globalports
Uruguay solicitó formalmente en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que Argentina regularice un pago pendiente de alrededor de cinco millones de dólares al consorcio que realiza el dragado y mantenimiento del Canal Martín García, integrado por las empresas Boskalis (Países Bajos) y Dredging International(Bélgica).
El reclamo surge en un contexto de tensión creciente entre ambos países, cuando la delegación argentina impulsa avanzar hacia una nueva licitación para la gestión del canal, mientras Uruguay propone prorrogar el contrato vigente con el mismo consorcio, que según sus estimaciones representaría un ahorro de más de cinco millones de dólares para la CARP. El Canal Martín García es una de las vías de acceso fundamentales para la navegación compartida entre Argentina y Uruguay. Permite el tránsito de embarcaciones hacia los puertos uruguayos del Río de la Plata y hacia el sistema fluvial del Paraná.
Desde 2017, su dragado y mantenimiento están a cargo del Consorcio Boskalis–Dredging International, adjudicatario de las obras para llevar el canal a profundidades de 34 pies en fondos blandos y 38 pies en fondos duros, con un contrato que se extiende —según versiones— hasta comienzos de 2026. Uruguay defiende la continuidad del actual contratista, señalando que garantiza estabilidad operativa y costos competitivos.
Fuentes uruguayas señalaron que el pago reclamado corresponde a uno de los trimestres de mantenimiento ya ejecutados, aunque no está confirmado si existen otros períodos pendientes. Tampoco se precisaron las causas por las que la parte argentina no habría autorizado el desembolso.
En paralelo al diferendo, la delegación argentina anunció el inicio de nuevas tareas de dragado en el Canal Martín García, en el marco de los acuerdos técnicos bilaterales. Las obras, según explicaron, apuntan a garantizar condiciones óptimas de navegación y se complementan con las tareas de mantenimiento que ya ejecuta el consorcio europeo.
Aunque los detalles técnicos del nuevo plan no fueron difundidos oficialmente, las fuentes consultadas coinciden en que se busca asegurar la profundidad operativa de 34 pies en toda la traza, en línea con los compromisos asumidos en la CARP.
El reclamo uruguayo por el pago de la deuda al consorcio dragador, sumado al debate sobre la renovación del contrato y la licitación de la VNT, confirma el carácter estratégico que el dragado tiene en la política fluvial del Cono Sur.
El equilibrio entre los intereses nacionales y la cooperación binacional será determinante para el futuro del sistema de navegación compartido, en un momento en que la región redefine los criterios técnicos, económicos y políticos de su conectividad portuaria y fluvial.
