Una nueva decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) sacudió este miércoles al sistema portuario argentino: desde las 20 horas, se dispuso el cierre temporal de la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires.
Por Violeta García, Globalports
La medida, comunicada oficialmente por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, obedece a «demoras injustificadas por parte de la permisionaria», que estarían generando costos extraordinarios para importadores, exportadores y despachantes de aduana.
La decisión apunta directamente contra Terminal Portuaria 4 S.A., operada por APM Terminals, a la que se acusa de incumplir reiteradamente el acta de compromiso firmada el pasado 5 de junio con autoridades aduaneras. El documento establecía parámetros mínimos de eficiencia y tiempos de atención que, según la DGA, no se han respetado. Como consecuencia, la Aduana optó por suspender preventivamente las operaciones, aunque con algunas excepciones para cargas urgentes o sensibles.
Un sistema bajo presión
La suspensión de actividades en una de las terminales más importantes del puerto metropolitano no es una noticia menor. El Puerto de Buenos Aires concentra más del 60% del movimiento de contenedores del país, y Terminal 4 ocupa un rol clave en esa dinámica. Con la operación interrumpida, se encienden múltiples alarmas en la logística nacional.
El impacto es inmediato. Transportistas con turnos asignados, despachantes que tenían programada la liberación de cargas y operadores logísticos que dependen del cumplimiento de cronogramas de embarque se encontraron de un momento a otro ante una paralización inesperada.
Las consecuencias incluyen demoras en la cadena de suministro, costos adicionales por almacenaje y riesgo de pérdida de mercadería, especialmente en el caso de productos perecederos o farmacéuticos.
«Cada día que una carga queda varada representa una pérdida económica difícil de absorber para muchas pymes«, advierten desde el sector. Las exportaciones que dependían de la conexión con el buque CAP ARTEMISSIO, por ejemplo, han sido autorizadas de forma excepcional, pero esa flexibilidad no alcanza a cubrir el volumen total de operaciones comprometidas.
La gota que rebalsó el contenedor
No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, las críticas a la gestión de Terminal 4 se habían intensificado. Usuarios y operadores venían denunciando largas demoras en los accesos, dificultades para conseguir turnos y deficiencias en los procesos de verificación. A principios de este año, la terminal ya había enfrentado una suspensión temporal por fallas en el sistema de cámaras y seguridad, un episodio que anticipaba lo que muchos califican hoy como una «crisis anunciada».
En ese contexto, la medida de la DGA fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. Para algunos actores del comercio exterior, se trata de un gesto de autoridad que busca restablecer el orden y enviar un mensaje claro: las concesionarias portuarias tienen responsabilidades operativas que deben ser cumplidas. Para otros, sin embargo, el cierre agrega incertidumbre a un sistema que ya opera con cuellos de botella estructurales.
El Centro de Despachantes de Aduana respaldó la medida y la vinculó con el objetivo de «promover la facilitación del comercio exterior, la simplificación operativa y la reducción de costos».
La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), en tanto, emitió un comunicado solicitando soluciones urgentes para restablecer la normalidad sin generar perjuicios colaterales a los usuarios.
En los depósitos fiscales y centros de distribución logística, el nerviosismo es evidente. El desvío de cargas hacia otras terminales genera saturación y complica los flujos preexistentes. Algunos operadores logísticos advierten que, si la medida se prolonga, podría haber una caída en la capacidad operativa del nodo Buenos Aires y una migración temporal de operaciones hacia puertos alternativos, como Exolgan en Dock Sud o TecPlata en La Plata.
¿Un punto de inflexión?
El cierre de Terminal 4 pone en evidencia una cuestión más profunda: el estado de las relaciones entre el Estado y los operadores portuarios, en un escenario de creciente presión sobre la eficiencia logística. En un país donde los costos logísticos representan entre el 25 y el 30% del valor final de exportación, cualquier desvío genera consecuencias macroeconómicas.
Para muchos actores del sistema, este conflicto no es más que el síntoma de una necesidad urgente: modernizar, fiscalizar y digitalizar de forma más rigurosa las operaciones portuarias. «No se trata solo de sancionar, sino de sentar bases para un nuevo contrato logístico«, deslizó un representante de una de las principales cámaras del sector.
Mientras tanto, el comercio exterior espera una resolución rápida que permita volver a operar con previsibilidad. Y en los muelles de la Terminal 4, el silencio forzado de las grúas se convierte, por ahora, en el sonido más elocuente de una logística que busca reordenarse.
Comunicación recibida por el Centro de Despachantes de Aduana:
