La escena en la Cámara de Diputados fue clara: 118 legisladores votaron a favor de rechazar el DNU 340/2025, 77 lo respaldaron, 8 se abstuvieron.
Por Ariel Armero, GlobalPorts
La resolución, adoptada este miércoles 7 de agosto, marcó un freno político y simbólico al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo para desregular el sector marítimo argentino.
El decreto, publicado en mayo, había generado un intenso debate en el seno del sistema portuario y logístico del país. Prometía reducir los costos operativos, atraer inversiones y revitalizar una flota nacional que, según datos oficiales, perdió el 80 % de su capacidad en tres décadas.
Sin embargo, para una parte mayoritaria de los legisladores y representantes del sector marítimo, lo que se presentaba como modernización escondía riesgos más profundos. “Es una medida regresiva. El DNU habilita el desguace de la bandera argentina en el mar y pone en jaque a la industria naval y los trabajadores embarcados”, resumía un diputado durante el debate.
Una reforma con impacto directo en los puertos
El DNU 340 proponía una transformación radical. Permitía a los buques abandonar temporalmente el registro nacional para operar bajo banderas extranjeras, en busca de menores costos.
Facilitaba que barcos de otros países accedieran al cabotaje argentino por hasta 180 días. Quitaba restricciones para la contratación de tripulación extranjera. Declaraba la navegación como “servicio esencial”, lo cual limitaba la posibilidad de medidas de fuerza sindical.
Estas disposiciones, justificadas por el Gobierno en nombre de la competitividad y la urgencia logística, encendieron alarmas principalmente en sindicatos, astilleros y algunos armadores nacionales. Para muchos, la propuesta significaba abrir la puerta a una desregulación sin contrapesos, en un sector que ya atraviesa una sostenida fragilidad estructural.
“Con estas reglas, se promueve el desarme de la flota nacional en lugar de reconstruirla”, advirtieron desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. “No hay inversión sin soberanía”.
Los efectos ya se hacían sentir
En el poco tiempo desde su entrada en vigor, el decreto había comenzado a alterar el mapa operativo de los puertos argentinos. Algunas compañías estudiaban registrar sus buques en el exterior. Otras analizaban operar con dotaciones extranjeras. Desde los consorcios portuarios, se alertaba sobre una posible fragmentación del sistema logístico nacional, más aún en un contexto de bajante del Paraná y competencia regional feroz.
En paralelo, gremios y asociaciones del sector marítimo movilizaban sus reclamos. La jornada previa a la sesión legislativa estuvo marcada por protestas frente al Congreso y la difusión de un documento conjunto en el que denunciaban que el DNU ponía en riesgo “la continuidad de una marina mercante argentina autónoma”.
Una votación que deja huella
La decisión de la Cámara de Diputados no implica la anulación automática del DNU, que aún deberá ser tratado por el Senado. Sin embargo, constituye un gesto político contundente. Para la oposición, fue una victoria legislativa que reafirma la centralidad del Congreso en la definición de políticas públicas estratégicas. Para el oficialismo, una derrota que lo obliga a repensar su estrategia regulatoria.
Para el sector marítimo-portuario, el resultado abre una pausa. No hay certezas sobre el futuro inmediato del régimen normativo, pero sí un mensaje claro: cualquier reforma deberá construirse con mayor consenso, escuchando a quienes día a día sostienen la actividad desde el agua y la costa. La discusión sobre cómo revitalizar la marina mercante sigue abierta.
