El Gobierno analiza incorporar un sistema digital de seguridad y trazabilidad fluvial, mientras el sector privado advierte sobre los costos y la dependencia tecnológica.
Redacción GlobalPorts
En las semanas previas al lanzamiento de la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay), prevista para el 15 de noviembre, comenzó a tomar fuerza un debate que trasciende lo técnico. Además de los tradicionales ejes de dragado y balizamiento, el Gobierno evalúa incluir la instalación de un sistema de comunicaciones bajo el estándar P25 (Project 25), una tecnología de radio digital segura desarrollada en Estados Unidos.
Si bien todavía no está confirmado que la exigencia figure en la versión final del pliego, el tema ya genera posiciones encontradas entre los distintos actores del sector fluvial. El sistema permitiría integrar en una red única a la Prefectura Naval Argentina, a los equipos de dragado y a los centros de monitoreo, con el fin de mejorar la coordinación operativa y la vigilancia en todo el corredor.
El estándar P25 se utiliza globalmente en servicios de emergencia y operaciones de infraestructura crítica. Está pensado para garantizar comunicaciones encriptadas, continuas y resistentes a fallas, incluso en condiciones de alta congestión o en eventos que interrumpan parte del sistema.
En el caso de la hidrovía, los borradores analizados contemplan una red que incluiría:
- Un centro maestro en Buenos Aires, encargado de la administración general y despacho.
- Más de treinta estaciones de repetición ubicadas a lo largo del sistema fluvial, con energía redundante y cobertura UHF-R1.
- Equipos portátiles y móviles para el personal de dragado, control, patrullaje y mantenimiento.
El objetivo sería contar con un sistema que permita seguir la trazabilidad de los buques en tiempo real, mejorar las comunicaciones en operaciones de seguridad y reforzar la respuesta ante incidentes ambientales o ilícitos.
Aunque los beneficios técnicos del sistema son reconocidos, los representantes del sector privado expresan preocupación por su financiamiento.
Según estimaciones preliminares, la instalación y operación del sistema podría costar entre 60 y 150 millones de dólares, dependiendo del alcance y del proveedor seleccionado.
Puertos, exportadores y operadores coinciden en la importancia de contar con una red de vigilancia moderna, pero plantean que la inversión debería ser asumida por el Estado o por programas internacionales de seguridad, y no cargarse dentro del contrato de concesión. “La seguridad pública es un objetivo del Estado, no un servicio a concesionar”, señalan voces del sector consultadas.
El debate no se limita a lo técnico. En el mercado existen otras soluciones —como las de fabricantes europeos— que ofrecen funcionalidades similares a menor costo. Sin embargo, el interés del Gobierno en la tecnología norteamericana despierta lecturas políticas: algunos interpretan que la elección del estándar P25 podría alinear el sistema de navegación argentino con los protocolos de seguridad estadounidenses, en el marco del acercamiento bilateral de los últimos meses.
Además, los borradores del pliego mantendrían la exclusión de empresas con participación estatal extranjera, una condición que vuelve a dejar fuera a los grandes consorcios chinos, reduciendo el espectro de posibles oferentes.
Fuentes vinculadas a la Agencia Nacional de Puertos aseguran que la inclusión definitiva del sistema aún está en evaluación, y que las conversaciones con los usuarios avanzan en un clima más abierto que en el intento anterior de licitación.
En esta etapa, los representantes de terminales y cámaras empresarias buscan aportar observaciones técnicas antes de la publicación oficial del pliego, con la expectativa de que el Gobierno considere alternativas de implementación o financiamiento.
La posible adopción del sistema P25 sintetiza un dilema que excede lo tecnológico: cómo modernizar la hidrovía sin generar nuevas dependencias ni perder competitividad.
Entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la preocupación por los costos, el desafío será encontrar un equilibrio que combine eficiencia, soberanía tecnológica y previsibilidad para todos los actores que dependen de esta vía estratégica.
