Por Diego Bercholc

En el último mes, el gobierno de Argentina ha implementado una serie de medidas orientadas a reformar y facilitar el comercio exterior, en el marco de su estrategia de apertura económica. Estas decisiones, han generado opiniones encontradas entre diferentes sectores.

El gobierno argumenta que busca equilibrar intereses de consumidores, productores e inversores, al tiempo que enfrenta los desafíos de una economía en transición. No obstante, también plantea desafíos importantes para ciertos sectores productivos, que reclaman igualdad de condiciones frente a las importaciones.

Reforma al sistema antidumping

El Ministerio de Economía anunció el 16 de enero de 2025 una reforma en el sistema antidumping. Entre los cambios más destacados se encuentra la reducción del plazo máximo de aplicación de los derechos antidumping de cinco a tres años, con una extensión opcional de dos años.  Además, se simplificaron los procedimientos de investigación, que ahora podrán resolverse en un plazo de ocho meses.  

En gobierno explicó que estas modificaciones buscan agilizar los procesos burocráticos, promoviendo un comercio más ágil y competitivo, con el beneficio de reducir costos para los consumidores. Sin embargo, también generan preocupaciones entre los productores nacionales, quienes podrían enfrentar una competencia más intensa de productos importados.

La reducción del tiempo de aplicación de los derechos antidumping podría limitar su eficacia como herramienta de protección frente a prácticas desleales de comercio exterior. Además, si bien la simplificación de los procedimientos podría acelerar las decisiones, también existe el riesgo de que investigaciones más breves no permitan evaluar en profundidad casos complejos, lo que podría perjudicar a las industrias afectadas por el dumping.

Eliminación de aranceles a las importaciones

En diciembre de 2024, el gobierno decidió terminar de eliminar el impuesto PAÍS, que gravaba con el 7,5% a las importanciones, como parte de su estrategia para seguir reduciendo la inflación y fomentar la competitividad en el mercado interno. Esta medida permite abaratar productos importados, beneficiando a los consumidores finales y facilitando el acceso a bienes que no se producen localmente, como tecnología.

No obstante, también ha generado tensiones con el sector industrial argentino, que se enfrenta a una competencia internacional con menores costos operativos. Los fabricantes nacionales enfrentan un mercado global donde la competitividad está influenciada por factores como menores costos laborales y fiscales en otros países. Sin una política complementaria que alivie la carga tributaria y fomente la modernización industrial, las empresas argentinas podrían perder terreno frente a las importaciones, afectando la producción y el empleo. Además, esta apertura podría acentuar la dependencia del país en bienes importados, lo que a largo plazo podría ser un obstáculo para el desarrollo de una economía autosuficiente.

Flexibilización en compras en el exterior

Otra de las medidas destacadas ha sido la flexibilización en las condiciones para la compra de bienes en el extranjero. El límite permitido para envíos eventuales se incrementó de 1.000 a 3.000 dólares, y se eliminó el cobro de aranceles para compras de hasta 400 dólares destinadas a uso personal, requiriendo solo el pago del IVA.

Si bien estas disposiciones benefician directamente a los consumidores al permitir un acceso más amplio a productos internacionales, también plantean retos para el comercio local. Los pequeños y medianos comerciantes podrían enfrentar una competencia desleal, ya que los consumidores podrían preferir productos importados más baratos y variados. Además, esta medida podría fomentar una mayor salida de divisas, afectando el equilibrio de la balanza comercial en un contexto de reservas internacionales limitadas.

Desregulación del comercio exterior de alimentos

Mediante el Decreto 35/25, el gobierno eliminó restricciones en exportaciones e importaciones de alimentos, simplificando los trámites y alineándolos con estándares internacionales. Este cambio, explicaron desde Nación,  busca modernizar el comercio exterior en el sector alimenticio, facilitando tanto la exportación de productos locales como la importación de bienes necesarios para el mercado interno.

Aunque esta medida contribuye a una mayor transparencia y competitividad, también genera preocupaciones entre los productores locales. La reducción de restricciones podría significar una mayor presión para competir con productos alimenticios importados, muchos de los cuales podrían llegar al mercado a precios más bajos debido a economías de escala o subsidios en sus países de origen. En un sector tan sensible como el alimenticio, las implicaciones podrían ir más allá de lo económico, impactando en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad de las producciones locales.

En un escenario de inflación persistente y una economía en ajuste, estas reformas podrían convertirse en un motor para el crecimiento o en un foco de tensiones.  La clave residirá en cómo el gobierno equilibre los beneficios de la apertura con el fortalecimiento de capacidades internas y reducción del llamado costo argentino.  El tiempo y la implementación efectiva de estas políticas determinarán su impacto real en la economía argentina.