La Secretaría de Energía dio un paso inédito en la historia del sector hidrocarburífero argentino al autorizar, mediante la Resolución 353/2025, la libre exportación de gas natural licuado (GNL) por parte de Southern Energy S.A. (SESA)durante tres décadas.
Redacción GlobalPorts
El permiso, que entrará en vigencia en septiembre de 2028, marca un hito para la estrategia de inserción de la Argentina en el mapa global del GNL. El plazo de 30 años se ubica entre los más extensos otorgados hasta ahora en el país, estableciendo un horizonte de estabilidad para inversores y compradores internacionales.
Los volúmenes aprobados —con una cantidad máxima diaria de 548.900 MMBTU, un tope anual de 191 millones de MMBTU y un total de 5.464 millones de MMBTU a lo largo de la concesión— colocan a este proyecto en la primera línea de las futuras exportaciones energéticas argentinas.
La condición que cambia el tablero: un gasoducto de 470 kilómetros
Lo más novedoso de la autorización no es el permiso en sí, sino la condicionalidad técnica que lo sostiene. Para que la exportación pueda concretarse, Southern Energy deberá construir un gasoducto exclusivo de 36 pulgadas que conecte Tratayén (en el corazón de Vaca Muerta) con San Antonio, en la provincia de Río Negro. La obra, de 470 kilómetros de extensión y con capacidad de transportar 28 millones de metros cúbicos diarios, se convierte en la pieza estratégica que viabilizará el salto exportador.
Este requisito responde a una limitación estructural: el sistema de transporte de gas actual no posee capacidad suficientepara los volúmenes que demandará el proyecto. La resolución establece que, en caso de demoras, la empresa deberá asumir la gestión de capacidad en los ductos existentes, algo que hasta ahora no había sido planteado con tanta claridad en los permisos de exportación.
Un marco legal que habilita la apuesta de largo plazo
La autorización se apoya en la Ley 27.742, que abrió el juego a la liberalización de exportaciones de gas, y en la adhesión de Southern Energy al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con estas herramientas regulatorias, el proyecto queda resguardado frente a eventuales cambios de coyuntura, lo que constituye un atractivo diferencial para el capital privado.
Las primeras fases del proyecto demandarán más de 6.000 millones de dólares de inversión entre 2024 y 2035, con una proyección que supera los 15.000 millones de dólares a lo largo de su vida útil. No se trata solo de un negocio exportador: la magnitud del proyecto podría redefinir la infraestructura energética argentina, generando nuevos polos logísticos en la Patagonia y ampliando la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
El caso de Southern Energy deja entrever el modelo hacia el cual se dirige la política energética: permisos de exportación condicionados a obras de infraestructura que aseguren la sustentabilidad del sistema. La resolución 353/2025 no solo autoriza a una empresa, sino que introduce un precedente regulatorio que podría replicarse en futuros desarrollos.
