La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dictó la Resolución 40/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece una bonificación temporal del peaje aplicado a los buques que utilizan el Canal Martín García entre las secciones 1.1 y 1.2.
Redacción GlobalPorts
La medida, de carácter transitorio, tendrá vigencia por 60 días corridos y responde a un escenario de fuerte tensión diplomática y económica con Uruguay. El texto oficial señala que la decisión busca “contribuir a potenciar el flujo de buques y estimular el desarrollo del comercio bilateral y regional”.
En los hechos, significa una suspensión del aumento del peaje que, de acuerdo al gobierno de Uruguay, había encarecido en más de un 100% la navegación hacia los puertos uruguayos de Nueva Palmira, Fray Bentos y Punta Pereira.
El gobierno uruguayo venía reclamando desde hace meses en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) por el efecto de estos sobrecostos, que el sector privado estimó en alrededor de 8 millones de dólaresdurante los últimos ocho meses.
Contexto normativo y antecedentes
La resolución de ANPYN se enmarca en un proceso más amplio de reordenamiento de las actividades de dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, cuya concesión está en revisión de cara a una nueva licitación.
El Canal Martín García es un punto neurálgico en este esquema, ya que conecta el Río de la Plata con los puertos del litoral uruguayo y su peaje había quedado en el centro de la disputa.
La ANPYN —creada en enero de este año por decreto del Poder Ejecutivo— es la autoridad de aplicación y control del contrato de concesión de la hidrovía. Con esta medida, no solo introduce un alivio económico para la navegación regional, sino que también gana tiempo para definir los próximos pasos en materia de infraestructura y regulación.
Un compás de espera
La vigencia limitada de la resolución abre un plazo de negociación de dos meses. Desde el lado argentino, el gobierno busca mantener el control del proceso licitatorio y garantizar ingresos para el financiamiento de las obras de dragado y señalización. Desde el lado uruguayo, la medida es leída como un gesto de distensión, aunque persiste la expectativa de alcanzar una solución de fondo en el marco de la CARP.
La resolución fue firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, y comenzará a regir a partir del 6 de septiembre de 2025.
