La reforma al cabotaje fluvial vuelve al debate: la Liga de Gobernadores del Norte la suma a la negociación por el Presupuesto 2027 con la Casa Rosada.
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El puerto de Ituzaingó, en Corrientes, es el ejemplo que hoy circula entre los legisladores del norte para graficar el problema: si una barcaza carga allí y quiere seguir sumando mercadería río abajo por la Hidrovía Paraná-Paraguay, necesita gestionar un permiso nuevo en cada puerto donde hace escala. Ese detalle operativo, que hasta junio era apenas un capítulo técnico del debate por la reforma al cabotaje fluvial, pasó esta semana a integrar la lista de pedidos que la Liga de Gobernadores del Norte Grande le acerca a la Casa Rosada a cambio de acompañar el Presupuesto 2027.
La modificación puntual que reclaman las provincias apunta al régimen de permisos para embarcaciones extranjeras. El sistema vigente habilita a las empresas a contratar barcazas paraguayas únicamente con autorizaciones de un punto a otro; lo que piden es que esos permisos sean anuales y dejen de estar atados a un solo puerto de destino. El argumento que esgrimen tiene un correlato físico: Paraguay opera hoy más de 3.000 barcazas y 350 remolcadores de empuje y concentra más del 80% del transporte por barcazas de toda la hidrovía, mientras que a la flota argentina le quedan apenas tres remolcadores operativos. «Paraguay tiene la tercera flota de barcazas del mundo y no la podemos utilizar», resumió un legislador del norte del país consultado por Infobae.
¿Por qué se reactiva justo ahora?
El timing no es casual. La Liga del Norte Grande llega a este pedido después de un triunfo en el Senado —la creación de una «zona caliente» con tarifas eléctricas diferenciales para el verano, que todavía debe formalizarse por decreto— y con un capital político que empieza a canjear por otros temas antes de definir su respaldo al proyecto de Presupuesto. Según lo publicado en diferentes medios de prensa, a partir de fuentes parlamentarias, las seis provincias del litoral fluvial son las que impulsan el reclamo, mientras que las otras cuatro provincias del norte esperan poder despachar su producción por los puertos del litoral en lugar de derivarla necesariamente hacia Rosario o Santa Fe.
En el Congreso, el proyecto que circula desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado plantea cambios más amplios que los que piden las provincias, y la iniciativa quedaría delimitada exclusivamente al transporte fluvial, sin alcanzar al cabotaje marítimo.
El antecedente que pesa
La reforma al cabotaje fluvial no llega a un Congreso neutral. El intento previo del ministro Federico Sturzenegger de avanzar sobre el régimen de practicaje terminó en un cese de actividades de prácticos y pilotos en agosto y en una marcha atrás del Gobierno, un episodio que dejó a buena parte de los bloques legislativos reticentes a tratar cualquier proyecto con su firma. «Hay proyectos presentados y hay conversaciones. Esto es algo que están pidiendo las seis provincias del litoral», planteó ante Infobae uno de los impulsores del debate en el Congreso, en referencia a que esta vez la iniciativa llega respaldada por gobernadores y no solo por el equipo de Sturzenegger.
Según el conteo que circula entre los propios impulsores del proyecto —todavía sin una fuente oficial que lo confirme con nombre y apellido—, las seis provincias reúnen 54 bancas en Diputados, repartidas entre varios bloques, y ese número treparía a 59 si se suma el resto de las provincias de la Liga del Norte Grande.
La reforma al cabotaje fluvial no arranca de cero
Esta discusión no arranca de cero. En junio, se había publicado que más del 90% de la carga que circula entre el norte argentino y los principales centros de consumo se transporta por camión, pese a la existencia de un corredor fluvial natural, según un informe de la Fundación Mediterránea. En ese momento, el Ejecutivo evaluaba abrir el sector a buques extranjeros mientras la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) proponía al Congreso un esquema alternativo que mantuviera la reserva de bandera nacional. Esa tensión —entre apertura y reserva de bandera— sigue sin resolverse, y es la que ahora queda entrelazada con la negociación presupuestaria.
La definición última, de acuerdo con lo reconstruido por Infobae, queda en manos de la mesa política de Casa Rosada, que deberá decidir si le da luz verde al tratamiento del proyecto en las próximas semanas de debate por el Presupuesto.
