La implementación del Decreto 690/2026 no incluyó una instancia de negociación previa con el sector de practicaje, pilotaje y baquía. Cuatro días después de su publicación, el sector dejó de aceptar nuevas contrataciones. El Centro de Navegación (CNAV) reportó al menos 140 buques a la espera de servicio, con operaciones ya redireccionadas a Montevideo y al sur de Brasil.
GlobalPorts | Vías Navegables
Una reforma que cambió el modelo de un día para el otro
El decreto, publicado el 31 de julio, reemplazó el reglamento de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre sus cambios centrales, eliminó el cupo de prácticos habilitados. Dispuso, además, que la Prefectura Naval Argentina inscriba sin límite a todo profesional que acredite idoneidad.
La norma entró en vigencia al día siguiente de su publicación, sin un cronograma de transición acordado con las entidades del sector.
También modificó el esquema tarifario. La retribución pasa a acordarse entre el práctico y el usuario, mientras que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fija tarifas máximas. Y habilitó a capitanes con viajes previos acreditados a prescindir del práctico en determinados tramos. Para eso alcanza con un certificado de conocimiento de zona, de otorgamiento casi automático.
La respuesta del sector
Los prácticos, pilotos y baqueanos como profesionales independientes y a través de asociaciones y cooperativas expresaron su rechazo a la nueva normativa. Como medida de protesta a este decreto, dejaron de aceptar nuevas contrataciones a partir del 2 de agosto, sin afectar los servicios ya comprometidos ni las cargas de riesgo o esenciales.
Las entidades del sector condicionaron cualquier instancia de negociación a que el Gobierno suspenda o derogue primero el decreto, de manera que ambas partes puedan sentarse a dialogar en igualdad de condiciones. En paralelo, avanzan una acción declarativa de certeza, una acción de amparo y una denuncia penal contra los firmantes de la norma.
Un costo que ya es medible
El Centro de Navegación, cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, formalizó una alarma ante la ANPYN y la Prefectura.
Según una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, y difundida por distintos medios de prensa, había al menos 140 buques pendientes de confirmación de practicaje al momento de su presentación, cifra en aumento.
El mismo documento señaló que operaciones ya programadas en puertos argentinos se redireccionaron al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían vuelto al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.
El Up River santafesino, integrado por el Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, es uno de los sectores más golpeados. Por esas terminales sale casi el 80% de los embarques de granos, harinas y aceites del país, y la agencia EFE reportó buques fondeados a la espera de turno tanto allí como frente a Buenos Aires y Bahía Blanca.
El CNAV advirtió sobre «pérdidas millonarias en divisas» por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos logísticos.
El momento agrava el impacto: la liquidación de divisas del agro ya había caído 28% interanual en julio, según CIARA y CEC, en un año donde la Bolsa de Comercio de Rosario había recortado su proyección anual antes de que arrancara este conflicto.
Medios de prensa locales informaron que frente al Puerto La Plata también se acumula un número considerable de buques a la espera de poder ingresar, lo que suma un cuarto punto crítico a la lista que ya incluye al Gran Rosario, Quequén y Bahía Blanca.
La pregunta que queda abierta
El decreto responde a un objetivo declarado de reducir costos logísticos y ampliar la competencia en un servicio históricamente cerrado. Ese objetivo no está en discusión entre las partes: lo que se discute es el modo en que se aplicó.
La ausencia de una etapa de transición negociada dejó al sistema portuario sin margen para adaptarse antes de que la nueva normativa rigiera plenamente. El resultado, por ahora, son buques fondeados, cargas redireccionadas y un comercio exterior que paga el costo de un cambio de reglas sin acuerdo previo.
Qué tan rápido se resuelva dependerá de si el Gobierno abre una mesa de diálogo o si el conflicto se define primero en la Justicia.
Fuentes: Boletín Oficial (Decreto 690/2026); nota del CNAV firmada por Julio Delfino, difundida por distintos medios; agencia EFE (buques fondeados en Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca); CIARA, CEC y Bolsa de Comercio de Rosario (datos de liquidación de divisas); registro propio de GlobalPorts sobre la situación en Puerto La Plata; cobertura previa de GlobalPorts sobre el Decreto 690/2026.
