La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó hoy a los prácticos a retomar de inmediato el servicio, bajo amenaza de sanciones disciplinarias y penales, en el marco del conflicto por el Decreto 690/2026.
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El edicto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Prefecto Nacional Naval, notifica a los profesionales de un anexo reservado. Los intima a poner sus servicios a disposición de forma inmediata y reglamentaria.
El texto advierte que la negativa a prestar servicio constituye «falta grave», según el Anexo I del propio Decreto 690/2026. Prevé además sanciones adicionales bajo el Decreto 37/2025 (REGINAVE).
El apercibimiento va más allá de lo administrativo. Señala que facilitar una medida de fuerza podría encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, con penas de tres meses a ocho años de prisión.
Los hechos: de la desregulación al cese de servicios
El Decreto 690/2026 fue firmado el 31 de julio por el presidente Javier Milei y los ministros Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, junto al jefe de Gabinete Diego Santilli. Reemplazó el reglamento de practicaje vigente desde 1991.
La norma eliminó los cupos de inscripción de prácticos y habilitó la contratación directa entre armadores y profesionales. También fijó tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permitió que ciertos capitanes prescindan del práctico obligatorio.
El decreto se aprobó sin una instancia de diálogo previo con el sector. Desde la madrugada del domingo 2 de agosto, la mayoría de los prácticos dejó de aceptar nuevos contratos, sin incumplir los ya asumidos.
Las asociaciones profesionales calificaron la norma de abusiva e inconstitucional. Anunciaron una acción declarativa de certeza, un amparo y una denuncia penal contra los funcionarios firmantes.
El Centro de Navegación (CNAV) alertó ante la ANPYN y la PNA que había más de 140 buques pendientes de confirmación de practicaje. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca quedaron con operaciones demoradas, junto a las terminales del Up River. Parte de la carga comenzó a redirigirse hacia Montevideo y el sur de Brasil.
La parálisis coincidió con la difusión de datos del agroexportador. Según CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, la liquidación de divisas del agro sumó USD 2.918 millones en julio, un 28% menos que en igual mes de 2025.
Análisis: una reforma sin consenso que derivó en caos logístico
Los hechos exponen una secuencia clara. El Gobierno implementó una desregulación de fondo sin negociar previamente con el sector alcanzado, y esa decisión unilateral derivó en la paralización operativa que la norma buscaba evitar.
El argumento oficial —reducir el «costo argentino» del comercio exterior— quedó, en la práctica, contradicho por sus propios efectos inmediatos: buques varados, cargas desviadas a puertos vecinos y una cadena logística en vilo.
La intimación con amenaza penal confirma que el Gobierno se quedó sin margen de negociación una vez escalado el conflicto. Sin una mesa de diálogo previa, la respuesta de fuerza reemplazó a la búsqueda de consenso, y el costo de esa ausencia lo terminó pagando la operatoria del comercio exterior argentino.
