Las principales cámaras del comercio exterior argentino coincidieron en advertir sobre el impacto del cese de actividades de los prácticos que mantiene sin operar a decenas de buques desde el sábado. Agroexportadores, agencias marítimas y el sector energético reclamaron llegar acuerdos de forma urgente para destrabar el conflicto.
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El cese de tareas de prácticos, pilotos y baqueanos comenzó el 1° de agosto en rechazo al Decreto 690/2026, que desreguló el régimen de practicaje vigente desde 1991. La medida, sin plazo definido, paralizó buena parte de la actividad portuaria del país y alcanzó a sectores que no forman parte del conflicto laboral pero sufren sus consecuencias directas.
Agroexportación: preocupación sin confrontación
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), fue una de las voces más activas durante estos días. Aclaró que su sector no tiene ningún reclamo salarial pendiente y que las cámaras que representa no son la contraparte de los prácticos, sino que contratan sus servicios a través de las agencias marítimas.
El dirigente reconoció además el valor técnico de la actividad: remarcó que el practicaje resulta prácticamente indispensable dado que el río Paraná exige un conocimiento específico para las maniobras de ingreso y egreso de los buques. Su preocupación central pasa por otro lado, el reputacional. Advirtió que la Argentina corre el riesgo de ser percibida como un país poco confiable para cumplir contratos de exportación, una situación que terminaría beneficiando a competidores regionales como Brasil.
Por eso, Idígoras pidió que la Prefectura Naval convoque de inmediato a una mesa de trabajo entre las partes para encontrar una salida.
El impacto económico ya tiene una cifra concreta. Según estimaciones del sector agroexportador, el perjuicio por cada barco demorado ronda entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios. Solo por los buques agroindustriales en línea de espera, las pérdidas rondarían los USD 4,5 millones por día, y podrían duplicarse si la parálisis se extiende a una segunda jornada.
Puertos privados: «profunda preocupación» sin cuestionar el reclamo
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) también se pronunció sobre el conflicto. La entidad expresó su profunda preocupación por la situación y advirtió que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje amenaza seriamente al comercio exterior argentino. Al igual que CIARA-CEC y el CNAV, la CPPC puso el foco en el costo económico de la parálisis sin cuestionar el reclamo de fondo de los prácticos.
Comercio y Servicios: pide diálogo institucional y mecanismos de emergencia
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también se pronunció sobre el conflicto. La entidad expresó su preocupación por la interrupción de la operatoria de buques mercantes y su impacto negativo sobre el comercio exterior y el resto de la actividad económica.
La CAC coincidió con los objetivos de modernización del régimen de practicaje impulsados por el Gobierno, aunque remarcó que ciertas actividades estratégicas no deberían regirse únicamente por la lógica de mercado si eso deriva en una extranjerización excesiva del sector. Pidió que las diferencias se canalicen por vías institucionales y que se abran cuanto antes canales de diálogo, y exhortó a las autoridades a habilitar mecanismos de emergencia mientras se resuelve la situación.
Agencias marítimas: alerta formal ante la ANPyN
El Centro de Navegación (CNAV), que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, fue el primero en formalizar un reclamo institucional. Su presidente, Julio Delfino, presentó una nota ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Prefectura Naval, con el pedido de una intervención urgente.
El CNAV recordó que el practicaje constituye un servicio público según la Ley de Navegación N.º 20.094, y que fue declarado actividad trascendental por la Ley 27.802. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas por incumplimientos contractuales, lucro cesante y sobrecostos logísticos, con riesgo de que las plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. También señaló que varias operaciones ya se redireccionaron hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil, con la consiguiente pérdida de transbordos que el sistema portuario argentino había recuperado tras años de gestión público-privada.
Energía: la Patagonia sur, el punto más sensible
La Cámara Argentina de Energía (CADE) sumó su propia advertencia. Informó que las operaciones portuarias de todas sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos, pese a que el conflicto es ajeno al sector. La entidad detalló que la parálisis afecta a los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, además de Caleta Córdova, en Chubut, terminal clave para el traslado de combustible refinado.
Fuentes del sector energético consultadas por medios nacionales coincidieron en que la Patagonia sur es la región más expuesta a un eventual problema de abastecimiento, por contar con menor infraestructura alternativa frente a un freno portuario prolongado.
Vaca Muerta: la obra más golpeada hasta ahora
El caso más concreto de afectación a un proyecto estratégico es el de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto de 437 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro. Se trata de una obra de USD 3.000 millones, la mayor inversión privada energética en ejecución en el país.
El buque semisumergible White Marlin quedó fondeado frente a Bahía Blanca sin poder completar sus maniobras de descarga. La embarcación transporta remolcadores y unidades especializadas destinadas a instalar las monoboyas y la infraestructura submarina de la futura terminal offshore, de acuerdo a lo informado por Argenports. Sin práctico disponible, esa flota permanece inmovilizada sobre su cubierta, lo que demora una operación planificada durante meses.
El cronograma del VMOS prevé el inicio de operaciones para noviembre, con la primera exportación de petróleo proyectada entre fines de enero y principios de febrero. Cualquier demora en esta etapa preparatoria repercute directamente sobre esos plazos.
No todo el sistema logístico vinculado a Vaca Muerta está afectado por igual. Desde la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, en San Antonio Este, señalaron que, al no tener actividad portuaria en curso, no registraban por el momento afectación en ingresos, zarpes ni en la operatoria del VMOS.
Un reclamo compartido, sin cuestionar el fondo del conflicto
Las voces empresariales relevadas —agroexportación, puertos privados, agencias marítimas y energía— coinciden en un mismo pedido: que el Estado intervenga para destrabar la prestación del servicio de practicaje. Ninguna de ellas cuestiona de manera directa el reclamo de fondo de los prácticos, sino que pone el foco en el costo económico y reputacional de una parálisis que, de extenderse, empieza a impactar sobre obras de infraestructura energética consideradas estratégicas para el país.
