La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular el contrato de operación de dos puertos vinculados al Canal de Panamá, en manos de la empresa CK Hutchison con sede en Hong Kong, generó una inmediata y dura reacción por parte del gobierno chino, que advirtió sobre las consecuencias de la medida y se comprometió a defender los intereses de sus compañías en el exterior.
Por GlobalPorts
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao calificó el fallo judicial como “absurdo, vergonzoso y patético”, en un pronunciamiento que elevó el tono político del conflicto y dejó en evidencia la dimensión estratégica que adquieren hoy las concesiones portuarias en puntos críticos del comercio internacional.
Desde Beijing, el mensaje incluyó además una advertencia directa: Panamá podría pagar un “alto precio” tras la anulación del contrato.
La respuesta del gobierno panameño no se hizo esperar. El presidente José Raúl Mulino rechazó públicamente la advertencia y respaldó la decisión del Poder Judicial, subrayando el carácter institucional del proceso. “Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central. La Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial.
En una comunicación posterior, la Cancillería panameña reforzó esa postura institucional al señalar que el Gobierno respeta la independencia de las decisiones judiciales y exhortó a las partes, tanto nacionales como internacionales, a actuar del mismo modo, del mismo modo que se espera cuando empresas panameñas enfrentan procesos en otras jurisdicciones soberanas.
El episodio trasciende el plano estrictamente jurídico. CK Hutchison es uno de los operadores portuarios más relevantes a nivel global, con presencia en múltiples terminales estratégicas del comercio marítimo. La anulación de su contrato en un punto tan sensible como el entorno del Canal de Panamá —uno de los principales nodos logísticos del mundo— introduce un componente geopolítico que rápidamente escaló del ámbito local al internacional.
El control y la operación de infraestructuras portuarias vinculadas al Canal tienen un peso determinante en la dinámica del comercio interoceánico, especialmente en las rutas que conectan Asia con la costa este de América y Europa. Por ello, cualquier modificación en la estructura de concesiones y operadores en esta zona es observada con atención por actores económicos y políticos globales.
La reacción china refleja, en ese contexto, la creciente centralidad que adquieren las terminales portuarias dentro de las estrategias comerciales y de posicionamiento internacional de las grandes potencias. Al mismo tiempo, la firme respuesta del gobierno panameño busca reafirmar la seguridad jurídica y la autonomía institucional del país frente a una controversia de alto impacto.
Más allá del desenlace específico del caso, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema que gana peso en la agenda global: la intersección entre infraestructura portuaria, inversiones extranjeras y tensiones geopolíticas. En un escenario donde los puertos son cada vez más que plataformas logísticas, las decisiones judiciales sobre concesiones estratégicas pueden convertirse rápidamente en asuntos de política internacional.
Reuters/Bloomberg/DFSud/
