La crisis de costos en la industria pesquera patagónica se agudizó con el último ajuste en el precio del gasoil. A esto se suma un conflicto salarial aún abierto con el gremio de la estiba. Juntos, ambos frentes ponen en riesgo el inicio de la inminente temporada de langostino en aguas nacionales.

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Un combustible que ya no da margen

El gasoil es el insumo central de la actividad pesquera. Su precio escaló más del 40% en los primeros meses de 2026. Eso supera cualquier previsión inflacionaria y destruye la planificación de las empresas del sector.

El impacto no es menor. El combustible absorbe entre el 20% y el 45% del costo operativo total de un buque. El rango varía según el tipo de pesca y la especie capturada. Pero en cualquier escenario, un salto de esa magnitud en tan poco tiempo es devastador.

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), describió la velocidad del deterioro con un dato preciso: el gasoil pasó de 1.300 a casi 2.100 pesos en apenas dos semanas. «Es el insumo principal que tenemos para salir a pescar», señaló.

El encarecimiento no afecta solo a los barcos. Golpea también a toda la cadena logística terrestre: camiones, plantas de frío, traslados entre puertos y movimientos internos de carga. Cuando el combustible sube sin previsibilidad, toda la cadena queda expuesta al mismo tiempo.

La carga impositiva que profundiza la brecha

Al precio del gasoil se le agrega una presión tributaria que el sector viene cuestionando desde hace tiempo. El Impuesto a los Combustibles Líquidos representa un 15,8% sobre el valor final en surtidor. A eso se suma un 0,9% adicional por el tributo al CO₂.

Esa estructura fiscal contrasta con lo que hacen países competidores directos. España ejecutó un rescate sectorial de 5.000 millones de euros y redujo el IVA para la actividad pesquera. Uruguay fijó precios diferenciales para el gasoil marino. Argentina mantiene la carga plena, sin alivio. El resultado es una asimetría que erosiona la competitividad del producto argentino en los mercados externos.

El frente gremial que puede paralizar las plantas

Con las negociaciones paritarias con las tripulaciones ya cerradas, el único frente abierto es el de la estiba. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) reclama un aumento salarial del 26%. Desde CAPIP sostienen que ese número no es viable en el contexto actual.

«Hoy no se podría acceder, o por lo menos aceptar, ese incremento que están solicitando», advirtió De la Fuente. La posición empresarial no es de rechazo al diálogo. Es una advertencia sobre las consecuencias: aceptar ese porcentaje reduciría aún más la competitividad del langostino argentino en góndolas internacionales, donde la demanda ya muestra señales de agotamiento.

El problema es concreto y urgente. Sin acuerdo con la estiba, la materia prima no entra a las plantas procesadoras. Y la temporada de langostino en aguas nacionales está a punto de comenzar.

Una industria estratégica que pide respuestas

La pesca argentina exporta más de 2.000 millones de dólares por año. Genera más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es el octavo complejo exportador del país. Con ese peso económico, el sector presentó un pedido formal de intervención ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación.

El reclamo es concreto: una mesa técnica de trabajo para diseñar un plan de contingencia. El objetivo es recuperar previsibilidad en los precios de los hidrocarburos y establecer medidas que compensen el deterioro competitivo. De la Fuente fue claro en cuál es la prioridad del sector: preservar la actividad y sostener el empleo.

El escenario internacional tampoco ayuda. La tensión en Medio Oriente encareció los fletes de contenedores. El mercado europeo, destino clave del langostino y otras especies, registra una retracción en el consumo. La industria argentina enfrenta simultáneamente presión de costos internos y contracción de demanda externa.

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