El Sindicato de Serenos de Buques enfrenta una crisis tras la publicación del Decreto 35/2025, que elimina la obligatoriedad de contratar serenos en buques extranjeros amarrados en puertos argentinos, estableciendo que su contratación será opcional.

Esta medida, impulsada por el Ministerio liderado por Federico Sturzenegger, se enmarca en una serie de reformas del sector marítimo y fluvial, orientadas a reducir costos operativos y simplificar regulaciones, pero que han dejado a cerca de 800 trabajadores en incertidumbre laboral.

Contexto y origen de la medida

La figura del sereno de buque tiene una historia que se remonta a los inicios de la actividad portuaria en Argentina, siendo su principal función garantizar la seguridad de los buques amarrados y de las cargas en puerto, previniendo incidentes como robos, sabotajes o contrabando.

Este rol, regulado durante décadas, fue considerado esencial para el correcto funcionamiento de las operaciones portuarias. Sin embargo, en los últimos años, algunos sectores comenzaron a argumentar que esta figura había perdido relevancia debido a los avances en tecnologías de vigilancia y la implementación de nuevas normativas internacionales de seguridad.

Bajo este escenario, el gobierno nacional decidió avanzar con la reforma del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave), que, entre otros cambios, establece que la contratación de serenos será opcional. Según el gobierno, la decisión responde a la necesidad de “modernizar y flexibilizar” el marco normativo para fomentar la competitividad del sector, reduciendo costos operativos en línea con las demandas de los puertos y agencias marítimas.

La medida también incluye cambios relacionados con otras figuras clave en la navegación, como los baqueanos o guías fluviales, cuya contratación será igualmente optativa, salvo en el transporte de sustancias peligrosas.

El argumento del gobierno y las empresas

El gobierno justifica la medida como un paso hacia la modernización del sector, eliminando lo que consideran regulaciones obsoletas que imponen costos innecesarios a los operadores. Según Sturzenegger, “la exigencia de contratar serenos se ha vuelto innecesaria”. En sintonía con esta postura, algunos puertos han argumentado que el servicio, además de representar un costo elevado, no se adapta a las necesidades actuales de la industria.

Por otro lado, el decreto establece que la Prefectura Naval Argentina será la encargada de desarrollar normativas complementarias para garantizar la seguridad en los puertos y certificar las operaciones, siguiendo los lineamientos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Impacto directo en los trabajadores

La implementación del decreto ha tenido efectos inmediatos en la vida de los serenos. Desde su promulgación, varias agencias marítimas han dejado de solicitar sus servicios. “Este gobierno nos está diciendo ‘no te estoy despidiendo, te estoy poniendo optativo’, pero ninguna agencia va a llamarnos si puede ahorrarse ese dinero”, señaló Daniel Paranao, integrante del sindicato en Puerto Madryn.

Paranao explicó que en los últimos días se han registrado múltiples cancelaciones de servicios previamente programados, afectando tanto a buques de carga como a cruceros.  Además, advirtió sobre los riesgos de esta decisión. Según denuncias del sindicato, la falta de supervisión adecuada ha provocado un incremento en los actos de contrabando, lo que pone en peligro tanto la seguridad portuaria como la confianza en las operaciones comerciales.

Acciones del sindicato y desafíos legales

En respuesta a la crisis, el sindicato de Serenos de Buques convocó una reunión de emergencia en su seccional de Puerto General San Martín, donde se discutieron estrategias para enfrentar la situación.

Entre las medidas adoptadas, destaca la presentación de un recurso de amparo y la solicitud de habilitación de la Feria Judicial de verano para avanzar con una medida cautelar que permita frenar temporalmente la implementación del decreto.

No obstante, los trabajadores reconocen que las perspectivas de revertir la situación son complicadas. “Tratamos de ser optimistas, pero lamentablemente, con este gobierno, es muy improbable que se vuelva atrás”, expresó Paranao.

Mientras tanto, el impacto de esta decisión se extiende más allá del gremio de serenos, involucrando a otros sectores portuarios y marítimos. Según el sindicato, esta medida no solo afecta sus empleos, sino también la seguridad de las operaciones y la reputación de los puertos argentinos. “Somos unas cuantas familias que estamos quedando sin trabajo. Es muy lamentable y triste”, concluyó Paranao.

El gremio ha convocado a otros sindicatos del sector para coordinar acciones conjuntas y busca visibilizar su problemática en los medios de comunicación, instando a las autoridades a reconsiderar la medida. La situación continúa generando debate sobre el balance entre modernización y la protección de los puestos de trabajo en un sector clave para la economía nacional.

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