Por GlobalPorts
Catorce países del norte y oeste de Europa firmaron una declaración conjunta que introduce un cambio relevante en la forma en que los Estados ribereños del Mar Báltico ejercerán el control sobre determinados buques tanque. El foco está puesto en los petroleros asociados a la denominada “flota fantasma”: embarcaciones que cambian de bandera con frecuencia, desactivan sus sistemas de identificación automática (AIS) o navegan con documentación incompleta o inconsistente.
La advertencia es concreta: todo buque que incurra en estas prácticas podrá ser tratado como “sin nacionalidad” y, por lo tanto, detenido, inspeccionado e incluso impedido de operar en el área por las autoridades marítimas de los países firmantes.
Esta es una fuerte señal sobre cómo está evolucionando el control marítimo global, con implicancias directas sobre seguros, trazabilidad de la carga, exigencias documentales, inspecciones de Estado rector del puerto (PSC) y, en definitiva, sobre el costo y la previsibilidad del transporte marítimo de hidrocarburos.
Los países que impulsan la medida
Firmaron la declaración: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Bélgica y Países Bajos.
Varios de ellos controlan pasos estratégicos entre el Mar del Norte y el Báltico (estrechos daneses), y otros concentran algunos de los sistemas de Port State Control más rigurosos del mundo. La coordinación entre estos Estados convierte la medida en operativamente efectiva, no meramente declarativa.
La declaración identifica tres conductas críticas:
- Cambios reiterados de bandera (flag hopping) para diluir responsabilidades.
- Desactivación del AIS para ocultar derrotas, encuentros buque-a-buque o escalas.
- Falta de documentación válida: registro, certificados estatutarios, seguros, P&I, clase.
Estas prácticas, habituales en la operatoria de la “flota fantasma” que transporta crudo ruso por fuera de sanciones y techos de precio, dejan de ser solo indicios de riesgo para transformarse en causales directas de detención.
Por qué el concepto “buque sin nacionalidad” es clave
En derecho marítimo, la nacionalidad del buque define qué Estado ejerce jurisdicción primaria. Si un buque no puede demostrarla de forma fehaciente, pierde esa protección. Esto habilita a los Estados costeros a ampliar su margen de inspección y control.
El mensaje europeo es claro: la opacidad operativa pasa a ser un factor jurídico habilitante de intervención.
Desde 2022 se consolidó una red de petroleros que:
- Operan con propiedad y gestión opacas,
- Realizan transferencias ship-to-ship en zonas grises,
- Alteran o apagan el AIS,
- Cambian de bandera y sociedades de registro con frecuencia.
Más allá del componente sancionatorio, Europa pone el acento en otro argumento difícil de objetar: el riesgo ambiental y de seguridad marítima de buques que deliberadamente evitan los sistemas de trazabilidad.
Esta decisión no se limita al comercio de crudo ruso. Instala un precedente operativo: La trazabilidad digital, documental y registral del buque pasa a ser condición de acceso a determinadas rutas marítimas.
Para armadores, operadores, fletadores, aseguradores y puertos de América del Sur, el mensaje es directo:
- El AIS ya no es un accesorio técnico, es un elemento probatorio.
- La consistencia de bandera, clase y seguros será más auditada.
- Las inspecciones PSC tenderán a endurecer criterios cuando detecten “patrones de opacidad”.
- Los seguros P&I y de carga mirarán con mayor atención los historiales AIS y de bandera.
Esto impacta en costos, tiempos de escala y riesgos contractuales.
En Sudamérica —y particularmente en el Cono Sur— operan regularmente petroleros, quimiqueros y graneleros que luego navegan hacia Europa o interactúan con mercados que exigen estándares europeos.
La medida del Báltico anticipa una tendencia:
- Mayor cruce de datos AIS con documentación estatutaria,
- Más coordinación entre autoridades marítimas,
- Menor tolerancia a “zonas grises” operativas que antes pasaban inadvertidas.
Puertos, prácticos, agencias marítimas y terminales deberán convivir con tripulaciones y buques más exigidos documentalmente. Aunque el disparador es geopolítico, el efecto es técnico y regulatorio. Europa está transformando un problema de sanciones en un nuevo estándar de control marítimo basado en trazabilidad.
(DF, LN, UAWire)
