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En un movimiento que combina cooperación técnica, control marítimo y lectura geopolítica, Japón anunció un programa de asistencia destinado a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para fortalecer sus capacidades de vigilancia marítima frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una problemática que se intensifica en las aguas internacionales adyacentes a sus zonas económicas exclusivas.
La iniciativa contempla un aporte de 300 millones de yenes (unos USD 1,9 millones) y se implementará a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El objetivo declarado es mejorar el monitoreo, la detección temprana y la respuesta operativa ante flotas que operan fuera de los estándares internacionales, con especial atención a los buques de bandera asiática que suelen concentrarse en áreas sensibles del Pacífico Sur y del Atlántico Sur.
Tecnología para cerrar brechas de control
El programa prevé la provisión de drones de vigilancia marítima, embarcaciones livianas de patrullaje y sistemas de análisis de imágenes aéreas y satelitales.
Estas herramientas apuntan a reforzar la capacidad de las autoridades marítimas y de los guardacostas para identificar buques que apagan deliberadamente sus transpondedores AIS, una práctica recurrente en la pesca INDNR que dificulta el seguimiento de rutas, capturas y permanencia en zona.
En el Atlántico Sur, esta dinámica es particularmente visible en las áreas próximas a la denominada “milla 201”, donde la actividad de flotas extranjeras se intensifica en el límite de la jurisdicción argentina y uruguaya.
En el Pacífico, la presión sobre ecosistemas estratégicos —como los alrededores de las Galápagos— ha sido reiteradamente señalada por autoridades regionales y organismos internacionales.
Más que pesca: alertas sobre el uso del espacio marítimo
Además del impacto ambiental y económico de la pesca ilegal, el programa japonés se apoya en preocupaciones crecientes sobre el uso del espacio marítimo con fines no declarados.
Entre ellas, se mencionan sospechas de tareas de relevamiento y mapeo del lecho marino realizadas por algunos buques que operan con sus sistemas de identificación apagados, una cuestión que excede el plano pesquero y se vincula con la seguridad marítima y la soberanía de los Estados ribereños.
Implicancias para el comercio exterior y la logística
Desde la perspectiva del comercio exterior, el refuerzo de la vigilancia marítima no es un dato menor. La pesca INDNR afecta la sostenibilidad de los recursos, pero también distorsiona cadenas productivas, presiona sobre infraestructuras portuarias y genera asimetrías competitivas para las flotas y empresas que operan bajo reglas.
En este sentido, el acceso a tecnología de monitoreo avanzado contribuye a ordenar el uso del mar, mejorar la trazabilidad y fortalecer los marcos regulatorios que sostienen la actividad portuaria y logística regional.
Una señal geopolítica en clave de cooperación
Aunque presentada como asistencia técnica, la iniciativa se inscribe en un contexto más amplio de mayor involucramiento de Japón en la seguridad marítima global, particularmente en regiones donde la presencia de flotas de larga distancia genera tensiones diplomáticas y ambientales.
Para los países sudamericanos beneficiados, el programa representa una oportunidad concreta de cerrar brechas tecnológicas y avanzar hacia esquemas de control más integrados, en un escenario donde el mar se consolida como un espacio estratégico para el desarrollo, la logística y la proyección internacional.
Con este aporte, Japón suma un nuevo capítulo a la cooperación marítima internacional en Sudamérica, en un momento en que el control efectivo de los espacios oceánicos se vuelve un factor clave para la competitividad, la sostenibilidad y la gobernanza del comercio exterior.
