Por Violeta García
Nota publicada en la Revista A Buen Puerto

En el corazón del comercio marítimo global, una peligrosa práctica conocida como la operación de la “flota oscura” ha puesto en jaque no solo la seguridad de los océanos, sino también la reputación y sostenibilidad del transporte marítimo internacional.

Esta flota, compuesta por entre 300 y 600 petroleros antiguos y mal mantenidos, opera en un limbo de ilegalidad y opacidad, evadiendo sanciones y regulaciones internacionales. La Organización Marítima Internacional (OMI) y otros actores del sector han comenzado a alzar la voz ante esta amenaza creciente, pero el desafío sigue latente.

Un ecosistema en peligro

La “flota oscura” no solo representa una evasión de sanciones económicas o una reducción en los costes operativos, sino un riesgo tangible para los ecosistemas marinos. La falta de mantenimiento, la inobservancia de normas de seguridad, y el uso de combustibles con altos niveles de azufre son solo algunas de las prácticas que elevan la probabilidad de derrames de hidrocarburos o accidentes marítimos. Según Lloyd’s List Intelligence, esta flota ha crecido hasta representar el 14,5% de la flota global de petroleros, una cifra alarmante que subraya el alcance del problema.

Además, los trasvases buque a buque en alta mar, una práctica frecuente entre estos petroleros, constituyen un grave riesgo.

Estas operaciones, realizadas fuera de la supervisión portuaria y en condiciones que no cumplen con el Convenio MARPOL de la OMI, incrementan la posibilidad de accidentes y complican la trazabilidad de responsabilidades en caso de incidentes.

¿Quién paga el costo de la opacidad?

El aumento de buques no asegurados o con seguros deficientes pone en entredicho el régimen global de responsabilidad e indemnización.

Esto no solo afecta a los operadores marítimos legítimos, que cumplen con las estrictas normativas internacionales, sino también a los Estados y comunidades que deben lidiar con las consecuencias de potenciales desastres ambientales.

El apagado de transpondedores, la falsificación de matrículas y la opacidad en la propiedad de los buques son estrategias utilizadas para evitar las regulaciones. Este comportamiento no solo desafía la legislación internacional, sino que también debilita la confianza en la industria marítima global.

El llamado a la acción: responsabilidad y transparencia

La OMI ha colocado este tema en su agenda prioritaria, abogando por una mayor regulación y supervisión. Entre las medidas propuestas se incluye un llamamiento a los Estados de abanderamiento para que adopten controles más estrictos sobre los petroleros que enarbolan su pabellón. También se plantea la actualización de los manuales de operaciones para que incluyan la notificación de las operaciones buque a buque en alta mar.

La colaboración internacional será clave para combatir este fenómeno. La cooperación entre Estados, la industria y organizaciones internacionales puede reforzar las capacidades de inspección, mejorar la trazabilidad de los buques y endurecer las sanciones contra las prácticas ilegales.

La existencia de una “flota oscura” es un síntoma de fallas sistémicas en la gobernanza marítima global. Si bien la OMI ha mostrado liderazgo al priorizar este tema, la responsabilidad recae también en los Estados de abanderamiento y las entidades comerciales que, directa o indirectamente, permiten estas operaciones.

El desafío de controlar la flota oscura va más allá de la seguridad marítima y ambiental: toca las bases éticas del comercio internacional. ¿Es aceptable que la búsqueda de ganancias justifique el riesgo para los océanos y para millones de personas cuya vida depende del transporte marítimo?. La respuesta debe ser unánime: la sostenibilidad y la transparencia no son opcionales. Este es un momento crítico para tomar decisiones audaces y garantizar que los océanos sigan siendo una fuente de vida y no un escenario de negligencia y destrucción.

Fuentes: OMI/ Lloyd’s List Intelligence/WET