Por Horacio Luis Tettamanti

La Argentina no está licitando el dragado y balizamiento de sus ríos. Está licitando el control de su logística, de su comercio exterior, de sus puertos y, en definitiva, de su futuro.

Detrás de una aparente discusión técnica sobre profundidades, canales, peajes y contratos, se esconde en realidad una decisión geopolítica de enorme magnitud: definir si la Argentina seguirá teniendo capacidad de construir un proyecto nacional integrado o si consolidará definitivamente un modelo fragmentado, dependiente y subordinado a intereses externos.

La discusión no es hidráulica.
La discusión es estratégica.

Durante décadas, la Argentina abandonó una visión nacional de su sistema fluvial y marítimo. En lugar de pensar sus ríos y puertos como herramientas para integrar el territorio, reducir costos logísticos, fortalecer la industria nacional y multiplicar la competitividad de las economías regionales, aceptó un modelo orientado fundamentalmente a facilitar la extracción de cargas primarias hacia el exterior.

El resultado está a la vista.

Hoy la Argentina posee una de las matrices logísticas más ineficientes del mundo: millones de toneladas son transportadas por camión a costos extraordinarios, mientras el transporte por agua —el medio más económico y eficiente— permanece artificialmente limitado y fragmentado.

El país terminó fortaleciendo hubs portuarios extranjeros, debilitando sus propios puertos, perdiendo flota mercante, destruyendo capacidades de construcción naval y resignando soberanía sobre su sistema de transporte.

Cada decisión adoptada en la Vía Navegable Troncal tiene consecuencias mucho más profundas de lo que suele reconocerse públicamente.

Definir una traza, una profundidad o un esquema de administración no es solamente decidir un canal de navegación. Es decidir qué puertos crecerán y cuáles desaparecerán; qué regiones tendrán competitividad y cuáles quedarán aisladas; dónde se generará empleo; quién capturará la renta logística y qué grado de autonomía conservará la Nación sobre su comercio exterior.

Por eso el debate actual no puede reducirse a una simple licitación de dragado y balizamiento.

Lo que se está consolidando es un sistema que profundiza la dependencia logística argentina respecto de estructuras externas, favorece la concentración económica y posterga indefinidamente la posibilidad de desarrollar un esquema verdaderamente integrado entre el sistema fluvial, marítimo, ferroviario e industrial nacional.

La Argentina parece avanzar hacia un modelo donde sus propios ríos serán navegados crecientemente por flotas extranjeras, construidas en astilleros extranjeros, transportando cargas argentinas y también cargas extranjeras que ocuparán nuestros ríos y nuestro sistema navegable interior. De esta manera, el país comienza a incubar un conflicto geopolítico de enorme gravedad.

Ya no solamente en el Atlántico Sur, sino en el propio corazón del territorio nacional: el río Paraná.

Porque cuando una Nación pierde el control efectivo de su principal sistema circulatorio —sus ríos, sus puertos y su logística— deja de ordenar soberanamente su territorio y pasa a quedar condicionada por intereses externos que terminan definiendo el funcionamiento mismo de su economía.

Mientras tanto, dentro del país quedarán los costos, la desindustrialización, la pérdida de empleo, el deterioro ambiental y la imposibilidad de construir una política de transporte soberana y articulada.

La tragedia no es solamente económica.
Es territorial, industrial y geopolítica.

Porque un país que pierde el control de sus vías navegables pierde también capacidad de decidir sobre su desarrollo. Y una Nación que renuncia a controlar su logística termina, tarde o temprano, renunciando también a su proyecto nacional.

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