El Subsecretario de Pesca de la Nación, Antonio Cazorla, acompañado de un equipo especializado, realizó la inspección de la carga de merluza negra pescada por el denunciado buque Tai An. La inspección se realizó este jueves pasada, tras superar demoras ocasionadas por el propietario del buque, el ciudadano chino Liu Zhijiang.
Redacción Globalports
Durante la inspección realizada en el puerto de Ushuaia, funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, el SENASA y la Prefectura Naval Argentina descubrieron una situación alarmante a bordo del buque Tai An, evidenciando una grave depredación de la vida marina. La carga inspeccionada, que contenía 163 toneladas de merluza negra, incluía un alto porcentaje de ejemplares juveniles, lo cual constituye una violación flagrante de las regulaciones federales de pesca y un severo daño al ecosistema marino.
La defensa presentada por Zhijiang que ocasionó la demora de la inspección, argumentaba que la captura era incidental; sin embargo, las evidencias encontradas contradicen esta alegación, de acuerdo a lo informado por Crónica Fueguina.
Los funcionarios que inspeccionaron el barco, señalaron que se trató de una pesca indiscriminada y premeditada, ya que no puede ser accidental “La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra” con el agravante de que gran parte de la pesca de merluza negra corresponde a ejemplares juveniles, con un promedio de 22 centímetros de longitud, muy por debajo del tamaño permitido para la pesca, lo que significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema.
Este hecho resalta no solo la ilegalidad de la operación, sino también la vulnerabilidad de una especie altamente codiciada a nivel global por su sabor y escasez. La merluza negra está protegida por un sistema de cuotas que fija el Consejo Federal Pesquero. Lo que se permite pescar es mínimo y debe reunir características muy específicas.
Las embarcaciones que no cuentan con una asignación de cuota específica están limitadas a realizar capturas de tipo incidental o accidental, conocidas como “by catch”, sujetas a un máximo establecido por marea. Existen antecedentes de merluza negra donde barcos, al ser sorprendidos ejecutando estas capturas sin autorización, han sido perseguidos e incluso hundidos por las autoridades marítimas.
Es importante destacar que el Tai An transportaba un cargamento cuyo valor se estima en 4 millones de dólares. En el mercado, el filete de merluza negra, ya procesado y listo para el consumo, tiene un precio promedio de 25 dólares.
La situación ha generado una ola de críticas y llamados a la acción. Desde la organización ambiental Sin Azul no Hay Verde, la activista Lucía Castro enfatizó al diario Clarín que el caso del Tai An refleja la impunidad con la que operan ciertos sectores de la industria pesquera, así como una falta alarmante de conciencia ambiental. Castro insistió en que más allá de la legalidad de la captura, el daño ecológico ya está hecho, calificándolo de ecocidio.
En respuesta al descubrimiento, están en preparación denuncias contra la propiedad del buque Tai An, incluyendo un pedido de deportación para un asesor de pesca de nacionalidad noruega involucrado en la operación. Mientras tanto, el destino de la carga congelada y las penalizaciones aplicables a los responsables aún están por definirse.
Este incidente no solo arroja luz sobre las prácticas destructivas que amenazan la biodiversidad marina, sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control y las políticas de pesca. La comunidad internacional y las autoridades locales están llamadas a reflexionar y actuar decisivamente para prevenir futuras violaciones y proteger nuestros recursos naturales para las generaciones venideras.
