Por Diego Bercholc, GlobalPorts//
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advierte sobre irregularidades en la concesión de 30 años de la Vía Navegable Troncal, VNT, pero su dictamen no obliga a detener el proceso. ¿Advertencia técnica o el preludio de una batalla judicial?
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el que cuestiona diversos aspectos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024, destinada a la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT). El documento, que se emite posteriormente a las denuncias ante la PIA de la Coalición Cívica y de la dragadora belga Deme Group, plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso, señalando posibles irregularidades en la duración del contrato, los mecanismos de control y la participación de oferentes.
En efecto, el dictamen firmado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, señala que “del estudio del expediente administrativo surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales.”
En virtud de ello, la PIA entiende que “correspondería que esa Agencia Nacional de Puertos y Navegación adecúe los plexos licitatorios a las observaciones efectuadas a fin de que el Estado Nacional contrate en consonancia con los principios que deben regir todos los procedimientos de selección”. Esto porque, de acuerdo a la interpretación de la Procuraduría, “la elaboración de los pliegos es una etapa crucial y de suma importancia dentro del procedimiento de la contratación pública, a tal punto que los errores u omisiones en que se incurre al redactar sus 70 cláusulas pueden acarrear consecuencias de suma gravedad durante el trámite licitatorio como también en la etapa de ejecución del contrato”.
A pesar de estas advertencias, cabe destacar que el dictamen de la PIA no es vinculante ni suspende la licitación porque no es una resolución de un juez, sino que se trata de una intervención de esta fiscalía especializada conforme a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal n° 27.148 en su artículo 27°.
No obstante, el dictamen del organismo podría derivar en denuncias penales ante la justicia competente contra los funcionarios públicos involucrados en la licitación, en el caso de que la PIA entienda que los hechos investigados puedan considerarse delitos.
Un pliego con observaciones, pero sin frenos legales inmediatos
El informe, firmado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, y su auxiliar, Esteban Luis Venditti, expone fallas en los procedimientos administrativos y en los criterios de selección, alertando sobre la posibilidad de un direccionamiento de la licitación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la autoridad de aplicación del proceso no contó con la intervención adecuada del Ministerio de Economía, lo que podría constituir un vicio en la validez del pliego. También se advierte que ciertos requisitos técnicos y financieros podrían limitar la competencia, restringiendo la participación de nuevos oferentes y favoreciendo a quienes actualmente operan la VNT.
Sin embargo, el dictamen no es una orden judicial ni una medida que obligue a frenar la licitación. En este contexto, el gobierno tiene la facultad de seguir adelante con el proceso sin modificaciones, salvo que la justicia competente dicte una medida cautelar de suspensión del acto administrativo que hizo el llamado a la licitación, es decir, la Disposición N° 34 de la extinta Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
El punto más polémico: una concesión por 30 años
Uno de los aspectos que más controversia genera es el plazo de 30 años para la concesión, un período que, según la PIA, podría comprometer la capacidad del Estado para revisar y ajustar el contrato en función de cambios en el comercio exterior o en las condiciones del mercado.
El dictamen advierte que las licitaciones previas de la VNT nunca superaron los 10 o 15 años, permitiendo una mayor flexibilidad para introducir mejoras o renegociaciones en caso de incumplimientos. Extender la concesión a tres décadas sin garantías de control efectivo ni mecanismos de revisión adecuados podría generar un monopolio de facto, limitando la posibilidad de futuras modificaciones en la administración de la vía navegable.
Además, el informe señala que el financiamiento del contrato mediante peajes cobrados a los usuarios no ha sido debidamente analizado en cuanto a su sustentabilidad a largo plazo. ¿Cómo se garantizará la inversión en mantenimiento y modernización sin que los costos recaigan en forma excesiva sobre los usuarios?
¿Camino a la judicialización?
Más allá de su impacto administrativo, el dictamen podría derivar en una denuncia penal si se comprueba que la falta de controles y los vicios en el proceso constituyen un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, hasta el momento no hay una causa judicial abierta ni se ha presentado una denuncia formal.
Aun si la justicia penal interviniera, es poco probable que un juez ordene la suspensión de la licitación de oficio sin un pedido de parte y sin que se haya consumado ningún delito. Las ofertas aún no han sido presentadas, lo que deja la intervención judicial en un terreno especulativo.
¿Un dictamen técnico o un golpe político?
El dictamen de la PIA se suma a una larga lista de advertencias sobre la falta de transparencia en la administración de la Vía Navegable Troncal, un corredor logístico clave para la exportación e importación del país. No obstante, su publicación en este momento genera interrogantes sobre el trasfondo político de la medida.
Si bien es cierto que la PIA ya había señalado irregularidades en procesos anteriores, esta es la primera vez que plantea la posibilidad de una denuncia penal, lo que podría influir en el desarrollo de la licitación y en la toma de decisiones de los actores involucrados.
Incertidumbre y tensiones en el futuro de la licitación
Por ahora, el proceso sigue en marcha sin modificaciones, aunque la incertidumbre sobre su validez persiste. Si la denuncia penal se concreta, el Poder Judicial deberá evaluar si existen elementos para avanzar con una investigación, pero cualquier decisión llevará tiempo y dependerá de la solidez de las pruebas presentadas.
Mientras tanto, el debate sobre la licitación de la Vía Navegable Troncal sigue abierto en un contexto de tensiones políticas, intereses económicos en disputa y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
El dictamen de la PIA podría ser el primer paso hacia una escalada judicial o quedar como una advertencia más en un proceso donde el gobierno parece decidido a avanzar a pesar de las objeciones.
Otra instancia posible sería que el gobierno, desde la propia ANNYP o el Ministerio de Economía tome nota de los planteos realizados por los fiscales y decida reformular el llamado a licitación, corrigiendo los pliegos y extendiendo los plazos. En las proximas 24 horas tendremos respuesta a estos interrogantes.
