La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) exigen que el Gobierno cierre la licitación de la Hidrovía Paraná Paraguay y formalice la exención del IVA al futuro concesionario.
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Las dos entidades que representan al sistema agroexportador argentino le enviaron este martes una carta formal al ministro Luis Caputo. La misiva también tiene copia al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor. El pedido es doble: concluir el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná Paraguay, hoy en etapa final de preadjudicación, y formalizar la no aplicación del IVA al futuro concesionario.
Una demora que genera incertidumbre regulatoria
CIARA y CEC fundamentan su reclamo en el marco normativo vigente. El Decreto 949/2020 ordena expresamente la realización del proceso licitatorio. El Decreto 556/2021 asignó la administración a la AGP con carácter transitorio y excepcional. Ese esquema debía dar paso a la licitación definitiva.
La carta cita también la Ley 17.520 sobre concesiones de obra pública. Y el principio de continuidad del servicio público, reconocido por la Corte Suprema, que obliga al Estado a garantizar la previsibilidad de servicios esenciales.
Para las cámaras, prolongar el esquema transitorio genera incertidumbre regulatoria. Esa incertidumbre es incompatible con una infraestructura de estas características. La Vía Navegable Troncal (VNT) es, según el documento, la infraestructura estratégica más relevante para el sistema agroexportador argentino y la logística fluvial del Cono Sur.
El IVA, un punto irresuelto de alto impacto
El segundo eje aborda la no aplicación del IVA al dragado y balizamiento. La Ley de IVA 20.631 exime del tributo a los servicios vinculados a operaciones de exportación.
El dragado y balizamiento, argumentan las cámaras, es un insumo indispensable para la navegación internacional. El Decreto Reglamentario 692/1998 amplía esa exención a servicios que resulten indispensables para la operatoria exportadora, aunque no se presten directamente al exportador.
Las entidades recuerdan además un antecedente clave. Durante la concesión anterior de Hidrovía S.A., el dragado no estuvo alcanzado por IVA. Ese precedente, sostienen, debe respetarse conforme al principio de legítima confianza. La Corte Suprema también ha sostenido que el sistema tributario debe evitar cargas que afecten la neutralidad fiscal en exportaciones.
CIARA y CEC concluyen que el Poder Ejecutivo tiene competencia plena para emitir la normativa correspondiente. Puede hacerlo mediante resolución conjunta, dictamen vinculante o decreto aclaratorio.
Dos definiciones que el sector no puede seguir esperando
Resolver la adjudicación y la cuestión tributaria tendría efectos concretos. Otorgaría certeza regulatoria a operadores y usuarios del sistema. Aseguraría la continuidad del comercio exterior sin riesgos operativos. Evitaría costos fiscales y administrativos innecesarios. Y consolidaría un marco contractual estable, alineado con estándares internacionales.
La firma de Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, le da al documento un peso político significativo. Con la preadjudicación ya en curso, las cámaras advierten que cada semana de demora tiene un costo concreto para el sistema logístico más importante del país.
