Una decisión clave para bajar costos logísticos y fortalecer la integración regional.
Redacción GlobalPorts
En una decisión que marca un paso importante hacia la integración y la eficiencia del comercio regional, siete países sudamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay— acordaron reducir en un 50 % las multas aplicadas por infracciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). La medida fue adoptada en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y comunicada oficialmente por su Secretaría General el 5 de agosto.
Este consenso entre los países signatarios apunta directamente a aliviar los costos logísticos que enfrentan las empresas de transporte de carga y pasajeros en la región, al tiempo que busca armonizar las sanciones y facilitar el tránsito fronterizo. La reducción de las multas se aplicará a todas las infracciones reguladas por el Protocolo sobre Infracciones y Sanciones, vigente desde 2005, una normativa que establece rangos de penalidades que van desde los 200 a los 4.000 dólares, según la gravedad del incumplimiento.
“El objetivo es claro: dinamizar el transporte internacional terrestre, reducir los costos operativos y promover el comercio intrarregional”, explicaron desde el entorno de ALADI, al tiempo que destacaron el carácter cooperativo del acuerdo.
Aunque el anuncio ya es oficial, la entrada en vigor del nuevo protocolo no será inmediata. Según lo establecido, cada país deberá notificar formalmente que ha cumplido con sus requisitos legales internos. Recién 60 días después de la última notificación comenzará a aplicarse la reducción.
El ATIT —vigente desde 1990— constituye uno de los pilares técnicos de la integración sudamericana. Regula el transporte internacional terrestre por carretera y ferrocarril, estableciendo reglas comunes para la circulación de personas, mercancías y vehículos, incluyendo la documentación necesaria, las condiciones de seguridad y las exigencias técnicas. Las sanciones han sido un punto conflictivo en más de una ocasión, especialmente cuando las diferencias en los montos o en la aplicación dificultaban la fluidez de los servicios.
Con esta nueva medida, los países dan una señal política concreta de compromiso con la facilitación del comercio. En un contexto donde los sobrecostos logísticos afectan directamente la competitividad regional, reducir las penalidades se vuelve un alivio para transportistas y operadores, en particular para las pymes del sector.
Mientras se esperan las ratificaciones de los países, la noticia ya comenzó a repercutir entre cámaras empresarias y operadores logísticos, que ven con buenos ojos cualquier mejora normativa que permita reducir barreras al comercio y al transporte.
El nuevo protocolo de sanciones no elimina las penalidades ni relaja los controles, pero ofrece un enfoque más equilibrado y proporcional frente a infracciones que, muchas veces, obedecen a diferencias administrativas menores o a complejidades operativas en pasos fronterizos.
La decisión, en definitiva, busca acelerar los tiempos, reducir fricciones y avanzar hacia una circulación más fluida y eficiente en los corredores logísticos de América del Sur. Una medida técnica con alto impacto estratégico.
