La reciente decisión del gobierno nacional de liquidar el Fideicomiso para la Recuperación de la Actividad Ovina ha generado una profunda preocupación entre los productores ovinos y las comunidades rurales que dependen de este sector.

El fideicomiso, que gestionaba un presupuesto anual de 3.000 millones de pesos, ha sido una fuente crucial de apoyo para el desarrollo y sostenibilidad de la ganadería ovina en las regiones más vulnerables del país.

Desde su creación, el fondo ha proporcionado aportes no reintegrables a agricultores familiares, ayudándolos a enfrentar desafíos como el cambio climático, las fluctuaciones del mercado y la escasez de recursos. Sin estos fondos, muchas familias rurales temen no poder mantener sus operaciones, lo que podría llevar a la pérdida de empleos y el deterioro de la economía local.

Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, expresó su preocupación tras reunirse con el secretario de Agricultura de facto, Juan Pazo, en Buenos Aires: “La liquidación del fideicomiso es un golpe duro para el sector. Sin los aportes y subsidios, muchos productores no podrán continuar sus actividades, lo que afectará gravemente a las economías regionales.”

Leandro Ballerini, presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, también señaló que el cierre del fondo deja a muchos productores sin apoyo en un momento crítico: “Estamos en una situación de emergencia climática y productiva. Necesitamos el respaldo del gobierno para poder seguir adelante y garantizar la seguridad alimentaria.”

Osvaldo Luján, vicepresidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, destacó la importancia de estos fondos para las comunidades rurales: “El fideicomiso ha sido vital para el desarrollo de proyectos de inversión que han mejorado la calidad de vida de muchas familias en nuestra región. Su eliminación pone en riesgo no solo a los productores, sino también a toda la comunidad.”

La Ley Nº 27.646 establecía una asignación anual de 850 millones de pesos al fideicomiso ovino, destinada a respaldar la recuperación y el crecimiento del sector. Sin embargo, la resolución 650/2023 ha interrumpido estos fondos, dejando a muchos productores en incertidumbre sobre el futuro de sus operaciones.

Ante esta situación, los dirigentes agropecuarios han solicitado al gobierno que reconsidere su decisión y establezca mecanismos alternativos de apoyo para el sector ovino, especialmente en regiones que enfrentan desafíos climáticos y económicos significativos.