Montevideo y Buenos Aires vuelven a tener un punto de tensión en sus aguas compartidas.
Redacción GlobalPorts
La prensa uruguaya advirtió que la reciente derogación, por parte de Argentina, de la exigencia de habilitación especial para operaciones de transbordo de hidrocarburos entre buques podría debilitar los mecanismos de protección ambiental en zonas sensibles del Río de la Plata, próximas a Punta del Este y Punta Ballena.
El reclamo se centra en la llamada “Zona Delta” y la “Zona Alfa”, áreas donde, desde hace más de dos décadas, se realizan transbordos de petróleo debido a la poca profundidad de las aguas argentinas. La ubicación de estas operaciones, cercana a playas turísticas y ecosistemas frágiles, genera preocupación por el riesgo de derrames y su impacto sobre el turismo y la biodiversidad.
Según medios uruguayos, la disposición derogada por Argentina establecía requisitos adicionales para las empresas que operan en estas maniobras, incluyendo certificaciones internacionales (ISO 9001, ISO 14000 e ISO 45000), experiencia comprobada y manuales de procedimientos específicos para prevenir incidentes. Uruguay mantiene actualmente exigencias similares mediante la disposición DISMAR 173 de la Armada Nacional, que obliga a contar con empresas especializadas en seguridad y prevención de la contaminación.
Por su parte, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina defendió la medida. A través de la Resolución N° 34/2025, dejó sin efecto la Disposición N° 21/2023, argumentando que el régimen de habilitación adicional era redundante, ya que las operaciones ya están reguladas por un marco legal amplio que incluye la Ley de Residuos Peligrosos, la Ley General del Ambiente, la Ley General de Navegación y las disposiciones de la Prefectura Naval Argentina en materia de seguridad y control de la contaminación.
Desde la visión argentina, la derogación busca simplificar trámites y evitar cargas administrativas “desproporcionadas” que podrían afectar la competitividad logística, sin relajar los estándares ambientales vigentes. El organismo sostiene que las leyes y reglamentos actuales, junto con la supervisión de la Prefectura, son suficientes para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales.
