La discusión sobre la eficiencia del dragado estatal en Uruguay escaló esta semana a la mesa del Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que tratará el próximo jueves la denuncia del convenio laboral con el Sector Dragado.
Redacción GlobalPorts
El acuerdo, vigente hasta el 1 de enero de 2026, está en la mira por informes internos que advierten bajos rendimientos operativos y costos por encima del mercado.
De acuerdo con documentos de la propia ANP, las dragas estatales deberían operar en régimen continuo de 24 horas, organizadas en tres turnos de ocho horas. Sin embargo, la productividad real se ubicaría en torno a 16 horas por día, con casos extremos en que se registraron apenas 8 horas de trabajo —e incluso jornadas sin actividad— pese a contar con tripulaciones completas de más de 30 personas a bordo.
Los costos también generan ruido: mientras la ANP cotizó el metro cúbico de dragado en US$ 11, una empresa privada ofreció realizar el mismo servicio a US$ 5,5, incluyendo el traslado de dragas desde Argentina. Estas diferencias alimentan las críticas sobre la competitividad del dragado estatal y su sostenibilidad frente a alternativas privadas.
Un convenio bajo presión
El convenio laboral firmado en marzo de 2025 estableció un régimen especial de trabajo que, según los informes internos, dificulta garantizar operaciones continuas las 24 horas. Ante ese diagnóstico, la propuesta elevada al Directorio recomienda “no continuar” bajo los términos actuales y denunciar el acuerdo para renegociar las condiciones. La ANP dispone de un plazo de 90 días para impugnarlo.
La iniciativa, impulsada con el respaldo de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, busca abrir un espacio de negociación que permita revisar turnos, guardias e incentivos para asegurar mayor disponibilidad operativa.
La respuesta sindical
La reacción no se hizo esperar. El sindicato portuario (SUANP/SUPRA) respondió con un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo, acusando a la ANP de violar la negociación colectiva. Desde la organización sindical advirtieron que la denuncia del convenio desconoce los compromisos alcanzados y reclamaron que se respete la institucionalidad del diálogo social.
Más allá del conflicto gremial, la discusión expone un dilema estratégico: ¿es sostenible que el dragado estatal continúe con niveles de productividad y costos tan cuestionados frente al sector privado?
La respuesta definirá no solo la gestión del puerto de Montevideo, sino también la capacidad de Uruguay para mantener calados competitivos en un contexto regional donde la eficiencia portuaria es clave para atraer cargas.
El desenlace de la votación del Directorio será determinante. Si la denuncia avanza, se abrirá un nuevo escenario de negociación en el que la ANP buscará asegurar operaciones 24/7, ya sea con ajustes al régimen laboral vigente o mediante una mayor participación de dragas privadas en las tareas críticas de mantenimiento y profundización.
