Fernanda Vallejos presentó un trabajo de investigación sobre las falencias del sistema actual y propuso una mayor presencia del Estado como solución.

En este sentido, la diputada Vallejos que dirige Proyecto Económico y Marisa Duarte, directora del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), elaboraron un informe sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este trabajo es un análisis de la actual concesión desde el punto de vista del equipo de trabajo de la diputada.

Además, el informe concluye con 14 puntos a implementar que permitirían al Estado un mayor control y administración estatal de la hidrovía. El trabajo destaca que el aumento del calado permitirá un mejor acceso a buques de mayor tamaño, pero señala que antes debe resolverse la cuestión del control y la fiscalización.

De lo que se trata es de tener la capacidad soberana sobre las propias aguas, para fiscalizar la operatoria de transporte, carga y descarga de granos, oleaginosas y derivados, así como del conjunto de bienes transportados objeto del comercio exterior argentino”, sintetiza el trabajo que realizó el equipo de Vallejos.

La diputada denunció que producto del sistema actual de control hay evasión por parte de los exportadores. De esta manera, destacó que los 14 puntos tienen el propósito de evitar operaciones fraudulentas.

Propuestas:

  • Administración y control estatal, a lo que podría asistir la Administración General de Puertos (AGP). 
  • Creación de un órgano de control sobre prácticas ilícitas en la Hidrovía.
  • Creación de una base federal que centralice la información económico financiera acerca de los puertos públicos y privados habilitados, embarcaciones en operaciones, zonas de producción, procesamiento a transporte y embarque.
  • Habilitación y obra del canal Magdalena.
  • Recuperación del cobro de peajes por parte del Estado, quien deberá fijar las nuevas tasas.
  • Evaluación técnica de la factibilidad, tiempos y costos para que Argentina realice la tarea de dragado, en el marco de una planificación que incluya la puesta a punto o adquisición de dragas adecuadas para el mantenimiento, incluyendo al Canal Magdalena.
  • Aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades nacionales, públicas y privadas, en las tareas de balizamiento.
  • Revisión integral de la Ley Nacional de Puertos N° 24.093, sancionada en 1992, con el objetivo de recuperar la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de las mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación.
  • Registro Nacional de Puertos Públicos y Privados que operan en el país.
  • Control de habilitaciones.
  • Fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir las operaciones fraudulentas en las declaraciones mediante subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y el contrabando de bienes transables. 
  • Mayor control de la navegación y operatoria de embarcaciones de bandera extranjera, que transportan la mayor parte de toda la carga que circula por esta vía fluvial.
  • Impulsar el tratamiento de bandera argentina, para que todas las dragas estén adecuadas a la normativa argentina.
  • Promoción de la marina mercante y la industria naval nacional

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