El Gobierno nacional promulgó y publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.815. Argentina adhiere al AMERP para combatir la pesca ilegal desde sus propios puertos.
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La norma aprueba la incorporación del país al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la FAO en 2009. Habilita a las autoridades portuarias nacionales a denegar el ingreso, el desembarque o el reabastecimiento a buques extranjeros sospechados de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Qué obligaciones asume cada puerto
El AMERP no es una declaración de principios. Fija estándares operativos concretos para los puertos designados como puntos de ingreso de buques pesqueros extranjeros. Cada terminal habilitada deberá exigir con antelación información sobre la identidad del buque, su historial de capturas y su ruta. Esto debe ocurrir antes de autorizar el atraque.
Si existen indicios de actividad INDNR, la autoridad portuaria puede negar el acceso al buque. También puede prohibir el transbordo o el reaprovisionamiento de combustible y víveres, y notificar el caso al Estado de abanderamiento.
Este esquema traslada buena parte del peso del control desde el mar hacia la infraestructura portuaria. En lugar de depender solo del patrullaje naval, el puerto se convierte en un filtro. Para las administraciones portuarias argentinas implica sumar protocolos de verificación documental e inspección, además de capacitar personal para identificar señales de alerta.
El contexto que acelera la adhesión
La incorporación al AMERP llega en un momento de tensión creciente en el Atlántico Sudoccidental. En los últimos meses, la Prefectura Naval Argentina detectó buques de bandera española, china y de Vanuatu cerca de la Zona Económica Exclusiva Argentina. También remarcó el caso del buque Hai Xing 2, identificado dentro de la ZEEA.
Estos episodios reinstalaron el debate sobre la capacidad del país para controlar a las flotas de aguas distantes. El Congreso acompañó ese diagnóstico con una sanción unánime: 228 votos afirmativos en Diputados, tras la media sanción también unánime del Senado. La ley fue sancionada el 24 de junio y aprueba un instrumento de 37 artículos y cinco anexos.
Argentina y sus vecinos frente al AMERP
En Sudamérica, el AMERP ya tiene cinco Partes: Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Guyana, según el listado oficial de la FAO. Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay todavía no adhirieron al acuerdo.
La presencia de Uruguay es especialmente relevante para el ángulo portuario. Ambos países comparten el Río de la Plata y controles pesqueros regionales, por lo que la adhesión argentina homogeneiza el intercambio de información entre vecinos. La FAO además viene impulsando reuniones regionales de coordinación para América Latina y el Caribe, con delegados de 18 países en el último encuentro realizado en Costa Rica.
Vale aclarar que Argentina todavía no figura en el listado oficial de Partes de la FAO. La promulgación completa la aprobación interna, pero resta depositar el instrumento de adhesión ante el Director General del organismo, un trámite que suele demorar semanas o meses.
Un antecedente regulatorio inmediato
La adhesión al AMERP no llega de forma aislada. Meses atrás, el Gobierno ya había endurecido el control doméstico mediante la disposición 20/2026. Esa norma fijó parámetros objetivos, como el comportamiento náutico y la velocidad de navegación, para identificar buques en infracción y habilitar sumarios y multas.
La nueva ley complementa esa herramienta con un mecanismo de alcance internacional. Mientras la disposición actúa sobre el comportamiento en aguas jurisdiccionales, el AMERP actúa en el punto de contacto con tierra: el puerto.
Cooperación entre Estados y trazabilidad de las capturas
Uno de los aportes centrales del acuerdo es la interoperabilidad entre Estados rectores del puerto. Argentina podrá acceder a información sobre inspecciones previas realizadas en otros países adherentes, y viceversa. Esto reduce el margen para que un buque rechazado en un puerto busque desembarcar su carga en otro con controles más laxos.
El AMERP ya cuenta con 87 Estados parte desde su entrada en vigor en 2016. Argentina se suma así a una red ya consolidada de intercambio de datos portuarios. Se estima que uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de pesca ilegal o irregular, según organizaciones ambientales.
Lo que viene para la operatoria portuaria
Con la ley ya promulgada, el próximo paso es la reglamentación operativa. Falta definir qué puertos serán designados como puntos de entrada habilitados para buques pesqueros extranjeros. También falta establecer qué organismo coordinará el intercambio de información con otros Estados parte y qué protocolos de inspección exigirá cada terminal.
De esas definiciones dependerá que el AMERP se traduzca en controles efectivos. Por ahora, Argentina adhiere al AMERP en el plano legal, pero la implementación práctica en los puertos recién comienza.
