En la recta final de la licitación de la Vía Navegable Troncal —la arteria fluvial por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas—, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso una auditoría interna de todo lo actuado. La medida busca reforzar las garantías de transparencia antes de la adjudicación definitiva del contrato de concesión.
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La revisión abarcará cada etapa del proceso según la normativa vigente, de acuerdo al comunicado oficial. No interrumpirá el avance de la licitación. Además, informaron que se suma al Consejo de Control, organismo desde el cual usuarios privados y provincias realizarán un seguimiento permanente del proceso.
La licitación de la Vía Navegable Troncal, con múltiples capas de control
El proceso acumula una serie de instancias de revisión que, según la ANPYN, lo distinguen de procesos anteriores. Los pliegos fueron elaborados con el asesoramiento de la UNCTAD, la agencia especializada de las Naciones Unidas en licitaciones de infraestructura estratégica. Los borradores estuvieron disponibles para observaciones de empresas, cámaras y organizaciones civiles. También se realizaron instancias técnicas con usuarios privados, cámaras navieras y representantes provinciales.
El comunicado oficial destacó que el proceso «fue récord en instancias de consultas» y que no registró impugnaciones de parte de las empresas participantes en ninguna etapa. Tanto los usuarios privados como las provincias, según especificó la ANPYN, «respaldaron cada paso de la evaluación, resaltando la claridad de la información y objetividad de los criterios empleados, pidiendo avanzar hacia la adjudicación definitiva del contrato.»
La posición de la conducción de la ANPYN
El Director Ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, transmitió la misma señal en su diálogo con los usuarios: «tenemos un proceso abierto y transparente. Cualquiera puede venir y revisarlo, darlo vuelta, mirarlo desde cualquier ángulo y confirmar que cada paso que se avanzó se hizo siguiendo las mejores prácticas internacionales.»
Sin embargo, la licitación no está exenta de controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló posibles irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Escazú. La ANPYN, por su parte, calificó las críticas como parte de «un intenso lobby mediático contra la licitación.»
Una vez completada la auditoría interna, la ANPYN avanzará hacia la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente. El proceso se enmarca en la concesión por peaje para la modernización, dragado y señalización del tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 del río Paraná y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.
