El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil (MPor) avanza en la estandarización de normas para la concesión de puertos, hidrovías y aeropuertos. Para eso, creó un Grupo de Trabajo interinstitucional. La iniciativa busca mejorar la seguridad jurídica, aumentar la previsibilidad regulatoria y atraer más inversión privada a la infraestructura.
GlobalPorts | Puertos y Logística
La medida se formalizó mediante portaria publicada en el Diario Oficial de la Unión el 17 de abril de 2026. El nuevo cuerpo, denominado GT-Concesiones, es coordinado por la Asesoría Especial del Gabinete Ministerial. Integran el grupo la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Nacional de Hidrovías y Navegación (SNHN), la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) y la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq). Especialistas y entidades externas podrán participar en los debates, aunque sin derecho a voto.
El ministro Tomé Franca explicó el alcance de la iniciativa con claridad. El objetivo no es generar rupturas, sino construir coherencia entre los distintos modos de transporte. El criterio rector es respetar las especificidades de cada sector. Pero en lo fundamental y estructurante, el gobierno entiende que es posible construir una inteligencia regulatoria común que aproveche las experiencias de cada área.
Diagnóstico de fragmentación
El punto de partida del GT es reconocer una realidad: los tres sectores bajo la órbita del MPor operan con marcos regulatorios distintos. Esos marcos se desarrollaron históricamente de manera independiente. El resultado es una arquitectura normativa fragmentada.
El propio ministro Franca lo reconoció ante la Agencia iNFRA: los modelos de concesión son diferentes en puertos y aeropuertos. En hidrovías, Brasil aún está elaborando sus primeros pliegos. La propuesta es buscar las mejores prácticas de cada sector y construir desde allí.
Esa heterogeneidad tiene consecuencias concretas para los inversores. Cuando se evalúan proyectos multimodales, las reglas divergentes sobre plazos y criterios de prórroga generan incertidumbre. Las diferencias en garantías contractuales y mecanismos de reequilibrio también pesan. El GT deberá elaborar un análisis comparativo de los regímenes jurídicos de cada modal. También evaluará los impactos económicos, fiscales y regulatorios de una eventual armonización. Y realizará benchmarking de experiencias internacionales en infraestructura de transporte.
Informe en 90 días, con propuestas concretas
El Grupo de Trabajo tiene un plazo de 90 días para presentar su informe final. El documento deberá incluir estudios técnicos, diagnóstico regulatorio y propuestas de directrices para políticas públicas. También podrá sugerir criterios para futuros pliegos de licitación y condiciones para prorrogar contratos vigentes.
Uno de los focos prioritarios será precisamente la discusión sobre reglas de prórroga contractual. Es un aspecto sensible en un país que está relanzando concesiones a gran escala. El colegiado también examinará los precedentes del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que tiene incidencia directa en la aprobación de los modelos licitatorios.
Para el director-presidente de la Anac, Tiago Faierstein, la integración intersectorial es condición necesaria para el desarrollo. Su diagnóstico es directo: no existe ningún caso en el mundo de sector desarrollado sin ayuda del Estado. Y no existe país desarrollado sin sectores portuario y aeroportuario sólidos.
Seguridad jurídica como condición de inversión
El GT-Concesiones se inscribe en una narrativa más amplia. El ministro Franca la viene construyendo desde su llegada a la cartera. En la inauguración de la Academia Brasileña de Derecho de la Infraestructura (ABDInfra), fue explícito: el avance de proyectos estructurantes no depende solo de planificación y capital. También exige estabilidad institucional y regulatoria. «Infraestructura se hace con buenos proyectos, ingeniería e inversión, pero no prescinde de seguridad jurídica», señaló.
Los números respaldan esa lectura. Las inversiones privadas en el sector portuario pasaron de R$ 8.000 millones en el gobierno anterior a R$ 40.000 millones en los últimos tres años. Sostener ese ritmo exige reglas predecibles. Eso es precisamente lo que la estandarización normativa busca garantizar.
En paralelo, Brasil avanza este año con un paquete de 18 licitaciones portuarias e hidroviarias. Entre los proyectos más relevantes figuran la concesión del canal de acceso al puerto de Santos y los accesos a Itajaí. También está en agenda el sistema acuaviario integrado de los puertos del sur y la Lagoa Mirim. La estandarización normativa no es, entonces, un ejercicio académico. Es una herramienta con impacto directo en los cronogramas de adjudicación.
