El Senado le dio media sanción a la suba del corte de biodiésel al 10%, que reactiva la demanda de las pymes que abastecen el mercado interno. Pero las aceiteras del Gran Rosario que operan las terminales de exportación —hoy con buena parte de su capacidad ociosa— siguen atadas a un arancel antidumping superior al 140% en Estados Unidos, algo que ninguna ley argentina puede tocar.
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El Senado le dio media sanción el jueves a la reforma de la Ley 27.640 de biocombustibles, y el punto que más eco tuvo entre las cámaras del sector fue la suba del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, junto con la del bioetanol en las naftas del 12% al 15%.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) lo celebraron como un paso hacia inversiones que, proyectan, podrían superar los US$1.000 millones. Pero esa cifra dice poco sobre quién la va a capturar: el corte más alto fortalece al mercado interno, no a las terminales que hoy sostienen —a duras penas— el negocio exportador del Gran Rosario.
Dos biocombustibles, dos mercados
La ley 27.640, sancionada en 2021, había bajado el corte de biodiésel del 10% original al 5%, y una resolución posterior lo llevó al 7,5% vigente. El dictamen que ahora avanzó en el Senado no solo revierte esa baja: la supera, con un piso del 10%. En biodiésel, casi todo ese abastecimiento doméstico corre por cuenta de un grupo acotado de empresas no integradas —unas 25, según el detalle del proyecto— que hoy explican el 98,6% de las ventas al mercado interno.
Las seis aceiteras integradas, en cambio, producen biodiésel casi exclusivamente para exportación y no participan del corte. Es una separación estructural del negocio: subir el corte de biodiésel alimenta a un jugador, no al otro.
Ese segundo jugador son las plantas de Louis Dreyfus en General Lagos, Renova en Timbúes, Patagonia Bioenergía en San Lorenzo y Terminal 6 en Puerto General San Martín concentran la mayor capacidad instalada del país, sobre el mismo tramo del Paraná donde se embarca la soja. Para esas cuatro plantas, la ley que el jueves tuvo media sanción no cambia gran cosa.
¿Por qué el corte no resuelve el problema de fondo?
La producción nacional de biodiésel acumuló 621.000 toneladas entre enero y julio, un 12% más que el mismo período del año pasado —pero igual la tercera cifra más baja en 17 años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La capacidad instalada del país ronda las 3,8 millones de toneladas anuales, mayormente concentrada en Santa Fe: eso deja una ociosidad cercana al 75%. La BCR fue puntual sobre el origen del estancamiento: no es un problema de disponibilidad de soja ni de las plantas, sino el derrumbe sostenido de las exportaciones.
El freno real está en Washington
Ese derrumbe tiene nombre y apellido: el 22 de septiembre de 2021, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ratificó los derechos antidumping (cerca del 74,8%) y compensatorios (entre el 71,4% y el 72,2%) que pesan sobre el biodiésel argentino, un combinado que supera el 140% y que la Cámara Argentina de Biocombustibles, CARBIO calificó en su momento como el cierre definitivo del mercado norteamericano.
En mayo de 2023, una revisión quinquenal de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, USITC, extendió esos aranceles por otros cinco años, hasta 2028. Antes de esa barrera, Estados Unidos había sido el principal destino de exportación del producto, con ventas que llegaron a superar los US$1.200 millones anuales. Ningún corte doméstico argentino incide sobre ese esquema arancelario, que va a seguir vigente hasta bien entrada la próxima década.
La competencia tampoco espera
Mientras la Argentina discutía el corte, Indonesia —principal productor mundial junto con Estados Unidos y Brasil— ya llevaba su mezcla obligatoria al 50% en julio, y Brasil transita hacia el 16% con la meta de llegar al 20% en 2030. Ambos países usan la política de corte como palanca de demanda interna para sostener su propia industria, en un momento en que la oferta global de biodiésel —traccionada por aceite de soja y de palma— crece más rápido que los mercados dispuestos a absorberla.
Para el corredor exportador del Gran Rosario, la ecuación queda así: el mercado interno argentino va a demandar más biodiésel a partir de 2027, cuando el régimen entre en plena vigencia, pero ese volumen adicional lo van a cubrir mayormente las pymes no integradas, no las terminales que cargan barcos.
El cuello de botella que explica la capacidad ociosa de esas terminales —el arancel estadounidense y una demanda mundial cada vez más autosuficiente— sigue exactamente donde estaba antes de la media sanción del jueves. La nota, ahora, pasa a la Cámara de Diputados.
