El gobierno de Rogelio Frigerio aumentó el gravamen sobre el transporte de arena silícea del río Paraná, insumo clave para el fracking en Vaca Muerta. La medida reabre el debate sobre la competitividad logística y fiscal entre provincias.
Redacción GlobalPorts
La gobernación de Entre Ríos dispuso, a través del Decreto N° 1136/2025, una actualización integral de la Guía de Tránsito de Minerales, el tributo que pagan las empresas que transportan materiales extraídos de la cuenca del río Paraná, como arena, arcilla y ripio.
El cambio incluye la digitalización del sistema de emisión y, especialmente, un importante ajuste del valor aplicable a la arena silícea, utilizada por las compañías petroleras para estimular los pozos mediante fracking en Vaca Muerta.
El nuevo esquema establece un valor de $2.250 por tonelada para ese tipo de arena, lo que implica un aumento sustancial respecto de los valores previos.
En términos prácticos, cada camión con 33 toneladas deberá abonar alrededor de $74.000 por viaje, casi seis veces más que antes. La medida fue oficializada a fines de mayo y comenzó a aplicarse de manera efectiva durante el segundo semestre.
Un insumo estratégico en el corazón del sistema logístico argentino
La decisión cobra especial relevancia porque Vaca Muerta depende en gran medida de la arena extraída en Entre Ríos. Hace apenas unos meses, diversas operadoras petroleras habían optado por sustituir la arena patagónica de Río Negro por la arena entrerriana, de características superiores de pureza y forma esférica, superando a la arena patagónica que requiere procesos adicionales por su mayor contenido de impurezas.
El material se extrae principalmente en la cuenca del Paraná, donde se concentran las canteras y plantas de tratamiento que abastecen el mercado energético. Desde allí, el producto viaja por rutas nacionales hacia Neuquén, recorriendo más de mil kilómetros hasta los yacimientos de shale. Ese flujo constante de arena, consolidó a Entre Ríos como un eslabón clave en la cadena logística de la industria energética.
Sin embargo, la nueva normativa podría alterar ese equilibrio. El incremento en la tarifa de la guía minera eleva de forma directa los costos, impactando tanto en las empresas proveedoras como en las operadoras de hidrocarburos que dependen del suministro regular de arena.
El argumento oficial: actualización y mantenimiento vial
Desde el gobierno provincial, la medida se justifica como un “reajuste necesario” de un tributo que llevaba años sin modificarse. Según funcionarios de la administración de Rogelio Frigerio, los valores previos estaban “totalmente desactualizados” y no cubrían los costos de control ni los daños en rutas y caminos provocados por el transporte pesado.
“El transporte de minerales genera un impacto sobre la infraestructura vial, y la provincia no recibía una compensación acorde”, explicaron fuentes de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER). Además, el nuevo sistema digital busca agilizar los trámites y transparentar el control sobre la trazabilidad de los minerales.
Los voceros oficiales recordaron también que la provincia ha reducido en los últimos meses otras cargas impositivas —como Ingresos Brutos y Sellos—, por lo que este ajuste permitiría sostener recursos sin afectar la competitividad de otros sectores productivos.
Del lado empresarial, las reacciones no se hicieron esperar. Transportistas y compañías energéticas manifestaron su preocupación por el impacto del nuevo valor sobre los costos logísticos, especialmente en un contexto de inflación persistente y alta presión impositiva.
“La arena es un insumo de bajo valor unitario, y cualquier recargo fiscal puede desbalancear toda la estructura de costos”, señalaron fuentes del sector. Algunas empresas analizan alternativas, como la diversificación de proveedores o el almacenamiento preventivo, mientras otras plantean la posibilidad de revisar los contratos con canteras locales.
Analistas del sector energético advierten que, aunque el incremento no representa un cambio determinante en el costo total de la producción de shale, sí puede afectar la competitividad de Entre Ríos frente a otras provincias proveedoras de áridos. Si el diferencial de costos persiste, las petroleras podrían volver a evaluar opciones de abastecimiento en Río Negro o Neuquén, pese a los mayores gastos logísticos.
El caso pone en evidencia las tensiones entre las políticas provinciales de recursos naturales y la estructura logística nacional, especialmente cuando un insumo extraído en una región es estratégico para una industria radicada a más de mil kilómetros.
El nuevo esquema fiscal entrerriano abre interrogantes sobre la coordinación entre provincias en materia de transporte de minerales, un aspecto clave si se busca un desarrollo equilibrado de las cadenas de valor energéticas e industriales.
Por ahora, la arena del Paraná sigue siendo la más demandada por Vaca Muerta. Pero el aumento dispuesto por el Decreto 1136 podría marcar un punto de inflexión en esa preferencia, reactivando la competencia entre las cuencas productoras y reconfigurando el mapa logístico que conecta al litoral con la principal reserva energética del país.
