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En un contexto de creciente incertidumbre para la industria pesquera argentina, las entidades que representan al sector han intensificado sus gestiones para que la actividad sea incorporada dentro del régimen de economías regionales, en el marco del Decreto 38/25 del pasado 27 de enero.
Este reconocimiento abriría la puerta a la eliminación de retenciones y a un alivio financiero clave para un sector que enfrenta serios desafíos estructurales y coyunturales.
A instancias de la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y con el respaldo de la Federación de Cámaras de la Pesca (FECh), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocó recientemente a la Intercámaras de la Pesca, un espacio que reunió a representantes de la actividad de distintas regiones del país.
Durante el encuentro, se insistió en la urgencia de avanzar con políticas que permitan aliviar la carga tributaria que afecta a la competitividad de la pesca, un sector con un fuerte impacto social y económico en diversas provincias.
El presidente de CAME, Alfredo González, junto con el referente de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, escucharon los planteos elevados por Carlos Lorenzo, titular de la FECh, quien expuso la necesidad de incluir a la pesca dentro del esquema de beneficios fiscales para economías regionales.
En este sentido, CAME asumió el compromiso de trasladar el pedido a las autoridades nacionales y coordinar nuevas gestiones ante el Ministerio de Economía.
El argumento central de las cámaras pesqueras para obtener este reconocimiento radica en la trascendencia económica y social de la actividad. Solo en Chubut, el sector genera más de 10.000 empleos directos e indirectos, con un fuerte efecto dinamizador en ciudades como Rawson, donde la actividad pesquera sostiene gran parte del comercio local. Además, el sector ha sido un pilar clave en la generación de divisas para el país en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de políticas que promuevan su desarrollo en lugar de restringir su rentabilidad con una elevada carga fiscal.
Sin embargo, el panorama actual es preocupante. A la caída de los precios internacionales y la reducción de los mercados de exportación debido a la crisis europea, se suman otros factores que erosionan la rentabilidad de la industria: el incremento de los aranceles, la modificación del Derecho Único de Extracción y el encarecimiento de costos como el combustible. Estas condiciones han llevado al sector a una situación de emergencia, donde la sostenibilidad de numerosas empresas se encuentra en riesgo.
Frente a este escenario, las cámaras pesqueras han intensificado sus contactos con el sector público y con los gobiernos patagónicos, que ya han elevado solicitudes formales ante el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca y la Jefatura de Gabinete de la Nación.
La expectativa es que la actividad pesquera sea considerada una economía regional y pueda acceder a un marco tributario más favorable que le permita afrontar los desafíos actuales y recuperar su competitividad.
Más allá del alivio inmediato que significaría la eliminación de retenciones, el sector enfatiza la necesidad de políticas a largo plazo que acompañen su crecimiento.
La pesca no solo representa una fuente de empleo y generación de divisas, sino que también es un eslabón estratégico en la economía de numerosas localidades costeras. En este sentido, la definición que tome el gobierno sobre este reclamo tendrá implicancias directas en el futuro del sector y en su capacidad de seguir aportando al desarrollo del país.
