Por Ariel Armero
La futura concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como la Hidrovía, ha puesto en el centro del debate a distintos sectores políticos, empresariales y sociales, a medida que se acerca la licitación cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de febrero de 2025.
Esta ruta fluvial es clave para la economía argentina y de los países de la Cuenca del Plata, ya que moviliza alrededor del 80% del comercio exterior del país. Sin embargo, la licitación ha despertado una serie de cuestionamientos sobre cómo debería diseñarse el contrato, qué aspectos deben incluirse en los pliegos y cómo garantizar la transparencia del proceso.
Los Puntos Más Controvertidos del Debate
Varios sectores han manifestado su preocupación sobre las condiciones establecidas en la licitación y han puesto el foco en cuatro aspectos centrales:
- Términos del proceso y competencia: Empresas, especialistas y legisladores han advertido que los pliegos podrían favorecer al actual concesionario, restringiendo la competencia e impidiendo la entrada de nuevos operadores que podrían ofrecer mejores condiciones.
- Duración del contrato: Se ha establecido una concesión inicial de 30 años con posibilidad de prórroga por otros 30 años, lo que algunos consideran excesivo. Para muchos expertos, este esquema limita la capacidad de renegociación y podría dejar al país sin margen de maniobra para futuras mejoras en la gestión de la vía.
- Costo de los peajes: La tarifa que deberán pagar los usuarios ha sido otro eje de debate. Diversos sectores advierten que los valores establecidos podrían incrementar los costos de exportación, afectando la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.
- Modelo de gestión y control: Existen dos posturas bien marcadas. Por un lado, el gobierno y sectores privados defienden un esquema de concesión privada donde las empresas asuman el riesgo de la inversión. Por otro, actores del sector portuario y productivo reclaman una mayor supervisión estatal para evitar posibles abusos, garantizar la ejecución de inversiones y controlar el impacto ambiental del dragado.
¿Quiénes piden detener la licitación?
En las últimas semanas se han conocido comunicados y pronunciamientos en distintos ámbitos que piden detener el actual proceso de licitación para hacer un diseño que incluya las inquietudes y perspectivas de todos los actores.
El Consejo Portuario Argentino (CPA), que representa a los principales puertos públicos del país, ha solicitado la suspensión de la licitación, alegando que existen “graves irregularidades” y que el proceso se está llevando adelante sin una evaluación técnica adecuada.
Desde el Congreso Nacional, varios legisladores han cuestionado el esquema de concesión, señalando que los costos podrían ser excesivos para los productores argentinos y han pedido mayor debate antes de adjudicar el contrato.
En la misma línea, la Fundación Pensar, vinculada al PRO, calificó la licitación como “apresurada”, advirtiendo sobre los potenciales sobrecostos. Por su parte, el exfuncionario del Ministerio de Transporte Eduardo Plasencia alertó que los plazos son insuficientes y que las condiciones podrían beneficiar a los actuales operadores.
Los privados piden cambios, pero no quieren frenar la licitación
Mientras algunos sectores piden frenar el proceso, el sector privado ha adoptado una posición más matizada: solicitan modificaciones en los pliegos, pero no quieren que la licitación se suspenda.
La Cámara de Puertos Privados y Comerciales ha pedido una prórroga en el plazo de presentación de ofertas, argumentando que esto permitiría mayor participación de empresas y evitaría que el proceso quede en manos de unos pocos oferentes.
Empresas internacionales cuestionan el proceso
Las críticas no provienen solo del ámbito local. Empresas internacionales con experiencia en dragado y mantenimiento de vías navegables, como DEME Dredging y Rohde Nielsen, han impugnado los pliegos licitatorios.
Según estas compañías, las condiciones establecidas en la licitación restringen la competencia, estableciendo requisitos financieros y técnicos excesivos que dificultan la participación de otros operadores. Esto, según sostienen, podría terminar favoreciendo al actual concesionario.
Este cuestionamiento se extendió al ámbito judicial con una denuncia presentada por DEME Dredging que fue respondida negativamente en tiempo récord por el juez Enrique Lavié Pico. En su resolución el juez indicó sobre la medida presentada por DEME en diciembre de 2024 «que no surge, en esta etapa procesal, en forma palmaria o manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad del accionar administrativo«, y agregó: «No se advierten del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación». De este modo, Lavie Pico dio un fuerte respaldo a la postura oficial de continuar con el llamado a licitación.
El gobierno y su defensa de la licitación
Frente a las críticas, fuentes cercanas al gobierno sostienen que la licitación está diseñada para atraer inversiones y mejorar la infraestructura fluvial del país.
Destacan que se han realizado mesas de trabajo con distintos sectores para garantizar un proceso inclusivo y que los pliegos han sido elaborados considerando recomendaciones de empresas especializadas. También subrayan que la licitación busca corregir deficiencias del esquema anterior, promoviendo inversiones en dragado, balizamiento y nuevas tecnologías para optimizar la operatividad del sistema.
Un momento decisivo para la hidrovía
La licitación de la Vía Navegable Troncal es una de las decisiones más trascendentales para la infraestructura logística de Argentina. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre eficiencia, inversión privada y supervisión estatal, de manera que se garantice la competitividad del comercio exterior sin generar costos excesivos para los exportadores.
A medida que se acerca la apertura de sobres, el debate sigue abierto y las posiciones enfrentadas. Lo que está en juego no es solo un contrato, sino el futuro de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿Será esta licitación el primer paso hacia una Hidrovía más moderna y eficiente o un proceso que consolidará desigualdades y sobrecostos?. Lo cierto es que, en los próximos días, Argentina definirá el destino de una infraestructura clave con un impacto que se sentirá por décadas.
