La falta de avances en la licitación en Puerto Quequén para los sitios 4 y 5 reavivó cuestionamientos por las prórrogas al actual operador y abrió un nuevo foco de tensión institucional en una terminal estratégica.
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Un grupo empresario encabezado por Enrique Pérez Decontardi pidió precisiones al Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén por la falta de convocatoria a la licitación de los sitios 4 y 5. El planteo cuestiona las prórrogas a la actual concesionaria y vuelve a poner en agenda la necesidad de transparencia, previsibilidad y reglas claras en una infraestructura clave para el sistema agroexportador.
La falta de definiciones sobre la licitación en Puerto Quequén volvió a instalar un foco de tensión en torno a la administración de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino. Un grupo empresario encabezado por el economista y productor agropecuario Enrique Pérez Decontardi presentó un reclamo formal ante el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén para que informe si mantiene la decisión de convocar a un proceso licitatorio para los sitios 4 y 5, cuál sería el cronograma previsto o, en su defecto, cuáles son los fundamentos para no avanzar.
El planteo cobró visibilidad a partir de una solicitada publicada en medios regionales y reproducida periodísticamente, entre ellos EcoDiarios, y suma además una advertencia concreta: si no hay respuestas institucionales, podrían iniciarse acciones judiciales.
Qué reclama el grupo empresario por la licitación en Puerto Quequén
Según surge de la presentación, durante los últimos años las autoridades portuarias manifestaron en distintas oportunidades su intención de convocar una licitación pública para la concesión de los sitios 4 y 5 de la terminal portuaria. Esos anuncios, sostienen, generaron expectativas razonables entre distintos actores del sector productivo y logístico.
En ese marco, Pérez Decontardi y su grupo empresarial afirman haber trabajado durante más de un año en la elaboración de una propuesta integral para participar de ese proceso. El proyecto incluyó reuniones con productores agropecuarios, operadores logísticos y empresas especializadas en gestión portuaria, además de estudios técnicos, económicos y ambientales destinados a respaldar una eventual oferta.
Sin embargo, la convocatoria nunca se concretó. Ese es el punto central del reclamo: la distancia entre los anuncios institucionales y la ausencia de una licitación efectivamente abierta.
Prórrogas, concesión vencida e incertidumbre institucional
De acuerdo con lo expresado en la solicitada, la concesión actualmente operada por Terminal Quequén S.A. se encontraría vencida desde hace más de tres años. En ese contexto, el grupo empresario cuestiona la continuidad de las prórrogas otorgadas al operador vigente y sostiene que esa situación afecta la previsibilidad necesaria para quienes proyectan inversiones vinculadas a la actividad portuaria y al comercio exterior.
El reclamo no se limita a una objeción administrativa. También introduce una discusión de fondo sobre seguridad jurídica, competencia y transparencia en la gestión de activos estratégicos del sistema portuario.
En términos institucionales, lo que se pide es una respuesta clara: si la licitación sigue en pie, debe conocerse el cronograma; si no va a realizarse, deben explicarse formalmente las razones.
Puerto Quequén y la necesidad de reglas claras para invertir
La discusión adquiere mayor relevancia por el peso específico que tiene Puerto Quequén dentro del sistema agroexportador argentino. Se trata de un nodo logístico relevante para la salida de producción, por lo que cualquier incertidumbre sobre el esquema de concesión de una terminal impacta sobre la planificación de inversiones, la competencia entre operadores y la previsibilidad del entorno portuario.
Desde esa perspectiva, el planteo impulsado por el grupo empresario vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para el sector: la necesidad de que las definiciones sobre infraestructura portuaria se resuelvan con procesos transparentes, reglas de juego claras y condiciones abiertas para los distintos actores interesados.
No se trata sólo de una controversia entre una autoridad portuaria, un concesionario y un eventual interesado. También se trata de la señal institucional que se transmite hacia un ecosistema que necesita estabilidad para invertir y proyectar desarrollos de mediano y largo plazo.
Advertencia judicial y presión sobre el Consorcio
El escrito firmado por el Estudio Jurídico Reynal O’Connor & Asociados, en representación del grupo empresario, deja asentada además la reserva de iniciar actuaciones judiciales si no se obtienen las aclaraciones solicitadas.
Ese elemento eleva la presión sobre el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, que ahora enfrenta no sólo un reclamo político e institucional, sino también la posibilidad de que el conflicto escale por la vía judicial.
En un momento en el que la competitividad exportadora argentina depende cada vez más de la eficiencia logística y de la capacidad de ofrecer marcos previsibles para la inversión, la situación en torno a la licitación en Puerto Quequénaparece como un caso testigo de un debate más amplio: cómo administrar, adjudicar y proyectar infraestructuras portuarias estratégicas bajo estándares de transparencia y seguridad jurídica.
