El Gobierno expropió terrenos en Colón y prepara la apertura del proceso para inicios de 2026
Redacción GlobalPorts
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno lanzará en los primeros meses de 2026 una licitación internacional para construir y operar un nuevo puerto de contenedores en Isla Margarita, en la entrada atlántica del Canal de Panamá.
La decisión se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer la plataforma logística del país y reordenar el sistema de concesiones portuarias bajo criterios de cumplimiento y eficiencia.
El proyecto se desarrollará en la provincia de Colón, junto a la terminal que actualmente opera el Grupo Evergreen, en la última zona disponible del Atlántico para un puerto de gran escala vinculado al sistema interoceánico.
“Le he pedido a la Autoridad Marítima de Panamá que comience ya la elaboración de los términos y condiciones para una licitación abierta a todos los competidores. Hay mucho apetito por esa concesión”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.
El anuncio llega pocos días después de que el Ejecutivo publicara un decreto de expropiación sobre 41 fincas ubicadas en Isla Margarita, que estaban bajo control de Panama Colon Container Port Inc. (PCCP), empresa que en 2013 había obtenido la concesión para construir y administrar un puerto en el área.
El Gobierno justificó la medida como un acto de “interés social urgente”, tras constatar que la compañía había incumplido sus obligaciones contractuales, mantenía deudas en el pago de cánones y no había realizado avances significativos en la obra.
Mulino subrayó que esta decisión busca enviar un mensaje claro sobre la política portuaria de su gestión: “Por lo menos en mi Gobierno, el que no ejecute una concesión se le quita”.
Una apuesta por la expansión portuaria panameña
El proyecto de Isla Margarita se enmarca en un nuevo ciclo de expansión portuaria que Panamá impulsa para responder al aumento del comercio marítimo mundial y al reposicionamiento logístico del país.
Actualmente, en la vertiente atlántica del Canal operan tres grandes terminales: SSA Marine (EE.UU.), Evergreen (Taiwán) y CK Hutchison Holdings (Hong Kong); mientras que en el Pacífico funcionan las concesiones de Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, y PSA Panama International (Singapur).
A la par, la Autoridad del Canal de Panamá presentará este 27 de octubre los proyectos Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), con el fin de sondear el interés del mercado y definir un cronograma de licitación.
De esta forma, Panamá busca consolidar su posición como hub de transbordo de clase mundial, atrayendo inversiones, empleo e infraestructura estratégica.
El caso de Isla Margarita refleja una política más activa del Gobierno panameño en la supervisión de concesiones. En los últimos años, distintos analistas han advertido sobre demoras, incumplimientos y falta de seguimiento en varios contratos portuarios.
La decisión de Mulino apunta a restablecer la confianza del sector público y privado, al garantizar que los proyectos estratégicos sean ejecutados conforme a las obligaciones asumidas y que el país recupere la capacidad de decidir sobre activos claves.
“La ampliación portuaria atenderá el crecimiento de la demanda del comercio marítimo. Vienen muchos contenedores”, expresó el presidente, reafirmando la necesidad de nuevas infraestructuras que acompañen el dinamismo del tránsito internacional por el Canal.
Una oportunidad global
El proceso que se abrirá en 2026 promete atraer a operadores portuarios internacionales de primer nivel, interesados en participar en un punto neurálgico del comercio mundial.
La ubicación de Isla Margarita, junto a las rutas principales de acceso al Canal y próxima a los corredores logísticos y ferroviarios que conectan con la Zona Libre de Colón, ofrece condiciones privilegiadas para el desarrollo de una terminal multipropósito con alto potencial de transbordo y servicios complementarios.
Con esta decisión, Panamá busca consolidar su papel como epicentro logístico del hemisferio, y al mismo tiempo tiene el objetivo de equilibrar la atracción de capital extranjero con la protección del interés nacional.
