El megaproyecto de cobre Vicuña, en San Juan, adjudicó la segunda etapa de su campamento permanente Batidero a un consorcio encabezado por las firmas chinas PowerChina y Beijing Chengdong, asociadas con la santafesina RAFA S.A. El precio: US$ 52 millones. La oferta local competidora, presentada por Modular Homes, llegó a US$ 70 millones. Una diferencia de 26% que los proveedores argentinos ante el RIGI difícilmente puedan cerrar con ajustes de gestión.
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El resultado no sorprendió a quienes conocen la estructura de costos del sector. Pero encendió las alarmas de las cámaras empresariales de San Juan y del ecosistema proveedor nacional. La adjudicación fue para un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A.
La obra se desarrollará bajo modalidad EPC —ingeniería, procura y construcción—. Incorporará 2.000 nuevas plazas habitacionales al campamento Batidero. Se enmarca en un plan en que Vicuña prevé desembolsar más de US$ 800 millones en obras tempranas durante 2026.
PowerChina asumirá la gestión integral del proyecto. Beijing Chengdong fabricará los módulos habitacionales. RAFA S.A. estará a cargo de las tareas en terreno: movimiento de suelos, fundaciones, montaje de estructuras e instalaciones complementarias.
El reparto de roles es elocuente. La mayor parte del valor agregado —diseño, ingeniería y fabricación industrializada de módulos— queda en manos chinas. A la empresa argentina le corresponde la fase de obra civil más intensiva en mano de obra y con menor componente tecnológico.
Una brecha que no se cierra con eficiencia
Una diferencia de US$ 18 millones no se resuelve ajustando márgenes ni reduciendo gastos administrativos. Es estructural. Los analistas del sector señalan dos factores que explican la brecha.
El primero es la capacidad de manufactura china para módulos habitacionales en serie. Los costos de producción de esa industria no tienen equivalente local. El segundo es la carga impositiva doméstica: IVA no recuperable, ingresos brutos y cargas sociales deterioran cualquier oferta nacional. Los costos financieros en pesos agravan aún más la ecuación antes de que se abra el sobre.
El RIGI y el dilema del derrame para los proveedores argentinos
El RIGI establece actualmente un requisito de hasta el 20% de compre argentino. Pero la condición está atada a la competitividad de los proveedores locales. El Gobierno de San Juan trabaja en una Ley de Desarrollo Local Minero. La iniciativa podría elevar la exigencia al 60% de contratación sanjuanina. También fijaría un piso del 80% de empleo local en proyectos extractivos.
La tensión entre ambas posiciones ya está sobre la mesa. El CEO de Vicuña, José Morea, cuestionó el proyecto de ley provincial. Sostuvo que imponer cupos «significaría limitar la competencia y la transparencia de los procesos licitatorios». Remarcó que las empresas mineras internacionales están obligadas a someterse a esos procesos por sus propios accionistas.
La contracara la planteó el secretario general de AOMA. Advirtió que el RIGI habilita contratar mano de obra extranjera e importar insumos cuando los proveedores locales no son competitivos. Y señaló el nudo del problema: «Hoy, Argentina no lo es frente a Chile».
El argumento de Vicuña tiene coherencia desde la óptica del inversor. Un proyecto con accionistas internacionales exige licitaciones transparentes. Pero la posición sindical y empresarial también es consistente. Sin condiciones mínimas de participación, el criterio de competitividad excluye por definición a quienes operan bajo una carga fiscal más onerosa.
Una señal que anticipa el debate de los próximos años
Este contrato representa apenas el 25% del campamento definitivo proyectado para Vicuña. Quedan por adjudicarse tres etapas similares. Vicuña tampoco es el único megaproyecto en marcha: Josemaría, Filo del Sol y otros desarrollos en la cordillera sanjuanina representan años de inversión en infraestructura. También implican demanda sostenida en logística de abastecimiento y servicios especializados.
Para el sector logístico y de servicios argentino, el caso Vicuña es un test anticipado. Empresas de transporte pesado de alta montaña, operadores de almacenamiento y contratistas de instalaciones se enfrentan a la misma desventaja estructural. Si la brecha no se cierra con reformas en la carga tributaria sobre la cadena proveedora, el resultado es previsible. La mayor apuesta minera de la historia argentina podría producir exportaciones récord de cobre. Pero sin el encadenamiento industrial que justifica socialmente una inversión de esa escala.
