Diversos gremios marítimos y portuarios expresaron su oposición al DNU 340/2025, que habilita el cabotaje con buques extranjeros y flexibiliza el régimen de bandera, tripulación y contratación. A la vez, se analizan caminos judiciales y legislativos para impugnarlo, en defensa de la soberanía operativa y los derechos laborales.
Redacción GlobalPorts//
El reciente DNU 340/2025, que reformula el régimen de la marina mercante argentina, habilita el cabotaje con buques extranjeros, permite operar bajo bandera foránea por hasta diez años y flexibiliza múltiples aspectos del régimen laboral embarcado. Desde su publicación, ha generado una ola de reacciones gremiales, tanto en el sector marítimo como en otras ramas del trabajo organizado.
Uno de los pronunciamientos más claros provino de FESIMAF (Federación Sindical Marítima y Fluvial), que expresó su rechazo al decreto en los siguientes términos: “Este DNU atenta contra los intereses soberanos de la Nación y perjudica gravemente a la flota de bandera argentina, a la industria naval, y al trabajo argentino. Permitir que buques extranjeros realicen cabotaje en aguas nacionales significa entregar el control logístico a intereses foráneos”.
La federación, que agrupa a sindicatos como el Centro de Capitanes de Ultramar y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, entre otros, también manifestó su preocupación por la omisión de cualquier instancia de consulta con los trabajadores, y advirtió sobre la posible fuga de divisas y la precarización del empleo embarcado.
Otras organizaciones sindicales, como ATE, CONADU Histórica y dirigentes de la CTA Autónoma, también manifestaron su repudio, particularmente frente al artículo del decreto que declara como “servicios esenciales” a actividades vinculadas al transporte y navegación, limitando el ejercicio del derecho a huelga.
¿Puede impugnarse el DNU 340/2025?
Si bien el decreto ya se encuentra en vigencia, expertos jurídicos consultados por GlobalPorts coinciden en que existen herramientas legales e institucionales que los gremios podrían utilizar para buscar su anulación o revisión, entre las que mencionan:
1. Acción judicial por inconstitucionalidad: Los gremios estarían en condiciones de presentar acciones judiciales, alegando: La falta de necesidad y urgencia real, que invalida el uso del DNU.
La afectación de derechos laborales fundamentales, como la libertad sindical y el derecho a huelga.
El perjuicio a la soberanía nacional en materia de comercio y navegación interior.
Precedentes legales indican que la justicia federal podría admitir estas demandas, especialmente si se argumenta que el decreto vulnera derechos con jerarquía constitucional.
2. Rechazo parlamentario: El DNU debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, que puede dictaminar su rechazo. Para ello, se requiere la aprobación de ambas cámaras. Los gremios pueden ejercer presión política presentando informes, solicitando audiencias y articulando con legisladores que representen a provincias con intereses portuarios o industriales.
3. Movilización sindical y visibilización pública: En paralelo, los sindicatos evalúan convocatorias a paros sectoriales o federales, movilizaciones en puertos y campañas públicas. El objetivo sería instalar en la agenda pública los efectos sociales, laborales y geopolíticos del decreto.
Los gremios expresaron que el decreto no representa una simple reforma técnica, sino una transformación estructural del modelo marítimo argentino. La pérdida de reservas de bandera, la desregulación de las tripulaciones y la eliminación de la obligación de construir o reparar en astilleros nacionales son, para el sector sindical, señales de una desnacionalización del transporte y el empleo. “Esto no es una modernización: es una extranjerización”, sintetizó un dirigente de FESIMAR.
Por su parte, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para “recuperar competitividad” y atraer inversión al sistema logístico nacional, en un contexto donde operar bajo bandera argentina implica costos significativamente mayores que en países vecinos.
La publicación del DNU 340/2025 ha abierto una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y los gremios del sector marítimo, que ya exploran vías legales y políticas para su impugnación. Mientras el gobierno avanza con su plan de reformas, los trabajadores del sector portuario y naval se preparan para disputar su lugar en un sistema de navegación que podría quedar, según denuncian, “fuera del control nacional”.
