Con profunda preocupación por el impacto del nuevo régimen impulsado por el Poder Ejecutivo, un grupo de 15 diputados y diputadas propuso declarar la invalidez del decreto que habilita el desbanderamiento de buques argentinos, flexibiliza el cabotaje y restringe el derecho a huelga en el sector marítimo.
Un conjunto de diputados y diputadas de distintos bloques presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución que busca rechazar y declarar inválido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 340/2025, recientemente dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Con este decreto se aprueba el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, una medida que, según advierten los legisladores, representa una reforma profunda y unilateral del sistema de navegación fluvial y marítima argentino, sin el necesario debate democrático en el Congreso de la Nación.
Los diputados proponentes —entre ellos Diego Giuliano (ex ministro de Transporte), Marcela Passo, Ramiro Gutiérrez, Agustina Propato, Gustavo González, Carolina Yutrovic, Jorge Romero y Daniel Gollan— expresaron su preocupación por el rumbo que podría tomar el sector naval argentino, y señalaron que el DNU en cuestión afecta derechos laborales, debilita la industria nacional y pone en riesgo la soberanía sobre nuestras vías navegables.
Uno de los puntos que más inquieta a los legisladores es la autorización para que buques de bandera argentina se registren en el extranjero hasta por diez años, conservando beneficios como si fueran embarcaciones nacionales.
Esta disposición, según explican, puede derivar en un proceso masivo de desbanderamiento bajo el argumento de una supuesta crisis de competitividad, afectando directamente el control soberano y la estabilidad del empleo en el sector.
El proyecto también pone de relieve la preocupación por la declaración de la actividad marítima como “servicio esencial”, lo cual limita severamente el derecho constitucional a huelga del personal embarcado y de los gremios marítimos. “No se trata de una medida excepcional para garantizar un servicio crítico, sino de una herramienta de disciplinamiento laboral que no se condice con el contexto actual”, advierten.
Asimismo, los diputados alertan sobre la autorización a buques extranjeros —incluso sin tripulación argentina— para operar en rutas de cabotaje nacional, lo que constituye una ruptura del principio de reserva de cabotaje establecido por normas históricas del país. Esta liberalización podría provocar dumping social, deterioro de las condiciones laborales y un impacto negativo en la industria naval y fluvial argentina.
El decreto también modifica leyes laborales fundamentales, como la Ley de Navegación N° 20.094 y otras disposiciones sancionadas por el Congreso, lo que —según sostienen los legisladores— vulnera el rol deliberativo del Poder Legislativo y avanza sobre sus atribuciones constitucionales.
El proyecto solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso que dictamine con urgencia sobre la invalidez del DNU, en base a lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley 26.122. “Es fundamental defender las atribuciones del Congreso, proteger a los trabajadores del sector y asegurar que toda reforma estructural se discuta en el marco del diálogo democrático”, concluyen.
