Por Ariel Armero, GlobalPorts
En medio de un complejo proceso judicial que lleva más de cuatro años, Vicentin SAIC —una de las agroexportadoras más emblemáticas del país— podría estar a punto de desprenderse de su último bastión logístico: su participación en la Terminal Puerto Rosario (TPR) y en la empresa Playa Puerto SA.
La propuesta llegó desde el otro lado de la cordillera: el grupo chileno Ultramar, que ya controla el 50% de ambas firmas, ofreció pagar 2,38 millones de dólares por el 10,2% restante que aún conserva la empresa argentina.
Aunque las cifras podrían parecer menores frente al tamaño de la operación, el movimiento tiene un peso simbólico y estratégico mucho mayor. De concretarse la transacción, Ultramar consolidaría el control absoluto de uno de los principales nodos logísticos del Gran Rosario, región que concentra más del 75% de las exportaciones agroindustriales del país. Pero también marcaría punto de quiebre: la salida definitiva de Vicentin del negocio portuario, una decisión forzada por la asfixia financiera que arrastra desde fines de 2019.
Un puerto clave, en el centro de las disputas
La Terminal Puerto Rosario (TPR) es una de las plataformas logísticas más importantes del país: cuenta con tres muelles, más de 1.600 metros de frente de atraque y 65 hectáreas de superficie operativa. Recibe y despacha cargas generales, contenedores, graneles líquidos y sólidos. A eso se suma Playa Puerto, una terminal logística anexa ubicada sobre el acceso norte de Rosario, que cumple un papel clave en el acopio y transferencia de cargas terrestres al puerto.
Ambas compañías están bajo la concesión de TPR S.A., que desde 2002 explota el puerto público de Rosario. La administración provincial había adjudicado esa concesión a una UTE conformada por Vicentin y Ultramar, en partes iguales. Sin embargo, los vaivenes financieros de Vicentin modificaron sustancialmente esa alianza.
Hoy, Ultramar busca quedarse con todo. El ofrecimiento —USD 500.000 por la participación en TPR y USD 1.887.000 por Playa Puerto— fue elevado formalmente a los interventores judiciales del concurso de Vicentin. La empresa argentina, en default desde diciembre de 2019, arrastra una deuda de más de 1.500 millones de dólares con bancos locales e internacionales, cooperativas y productores.
El juicio de la crisis
La operación aún debe superar el filtro del juzgado civil y comercial de Reconquista, que supervisa el proceso concursal. También debe contar con una evaluación técnica de la sindicatura, que deberá determinar si el valor ofrecido es razonable para los activos en juego.
En este contexto, los interventores ya habían advertido que “resulta necesaria la realización de activos no esenciales” para poder sostener la empresa y avanzar en un posible acuerdo de pago con los acreedores.
La cuestión, sin embargo, no se agota en lo judicial. La concesión portuaria está bajo la lupa del gobierno provincial de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro ha manifestado públicamente su descontento con el funcionamiento actual del puerto y advirtió que no renovará la concesión —que vence en 2032— si no se garantizan mejoras operativas y cumplimiento de las inversiones comprometidas.
De los tres muelles, hoy solo uno se encuentra plenamente operativo. También se acumulan reclamos por tasas impagas, atrasos en obras y una caída sostenida en el volumen operado. En este escenario, desde la administración provincial ya dejaron entrever que no descartan llamar a una nueva licitación internacional para reordenar el funcionamiento del puerto.
Una pieza del rompecabezas logístico regional
Para Ultramar, un actor de peso en la logística sudamericana con presencia en puertos de Chile, Perú, Uruguay y Colombia, esta compra significaría reforzar su presencia en uno de los corredores agroexportadores más relevantes del mundo.
En 2022, la región del Gran Rosario movilizó cerca de 69 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Pero el movimiento también debe leerse en clave política: el futuro del puerto de Rosario no dependerá únicamente del capital que lo gestione, sino de la articulación entre actores privados, autoridades provinciales y operadores logísticos. La resolución del proceso concursal de Vicentin podría abrir esa puerta, o cerrarla definitivamente.
En un puerto marcado por los contrastes —potencial logístico de primer nivel y conflictos estructurales no resueltos—, la definición de esta operación marcará un antes y un después. Para Vicentin, podría ser la despedida. Para Ultramar, el ingreso definitivo a una terminal que aún tiene mucho por crecer. Para el sistema portuario argentino, un nuevo capítulo en la compleja relación entre concesiones, actores internacionales y control estatal.
