En el corazón del complejo agroexportador argentino, un nuevo capítulo se suma a la histórica tensión entre desarrollo logístico y normativa local. Las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario presentaron formalmente una propuesta para que la futura reforma de la Constitución provincial incluya límites a la potestad tributaria de municipios y comunas.
Redacción GlobalPorts
El objetivo, señalan, es establecer un marco claro y previsible para la creación de tasas y tributos, especialmente en zonas de alta concentración portuaria. El planteo tiene como eje lo que se conoce como la “Tasa de Camiones”, un tributo que aplican municipios como San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes a los vehículos de carga que ingresan a sus jurisdicciones con destino a terminales portuarias.
Esta tasa puede alcanzar montos que van desde los 13.500 hasta los 17.700 pesos por unidad, dependiendo del tipo de camión y su peso. Desde las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, cuestionan no solo los valores cobrados, sino también la modalidad de recaudación y la falta de información pública sobre el destino de los fondos.
En particular, advierten que en algunos municipios el pago se realiza aún en efectivo y que no siempre se cuenta con sistemas que aseguren la trazabilidad de los recursos. Por eso, proponen incorporar a la reforma constitucional principios como la razonabilidad tributaria, la equidad, la no discriminación y la necesidad de que todo tributo esté asociado a un servicio efectivamente prestado.
Del otro lado, las administraciones locales sostienen que estas tasas se enmarcan dentro de sus facultades constitucionales de gobierno y financiamiento. En municipios que registran un fuerte tránsito de carga pesada, la circulación de camiones genera un impacto concreto en la infraestructura vial y demanda servicios adicionales de control y mantenimiento urbano. Bajo esa lógica, el cobro se interpreta como una herramienta legítima para afrontar costos derivados del movimiento logístico.
El conflicto, por tanto, pone en evidencia una tensión estructural entre los distintos niveles del Estado: la necesidad de generar condiciones estables para el comercio exterior —particularmente en zonas de alta densidad exportadora— frente a la autonomía fiscal que resguardan las administraciones municipales.
A largo plazo, también se abre una discusión sobre el modelo de gobernanza del sistema logístico nacional. ¿Deberían las tasas vinculadas al transporte de cargas estar coordinadas por una autoridad supramunicipal? ¿Existen mecanismos que permitan armonizar la recaudación local con el funcionamiento eficiente de los puertos?
La propuesta de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario busca abrir esa discusión desde el plano normativo. Entre los puntos presentados, también figura la idea de crear mecanismos constitucionales que protejan a las empresas frente a moras administrativas y otorguen herramientas legales para resolver controversias relacionadas con normas ambientales o fiscales que afecten la actividad logística.
Por ahora, se trata de un planteo que deberá ser evaluado dentro del amplio debate sobre la eventual reforma constitucional en Santa Fe, un proceso aún en etapa preliminar y con definiciones políticas pendientes.
Mientras tanto, el flujo de camiones hacia los puertos del Gran Rosario —uno de los más intensos del mundo— continúa operando bajo un esquema tributario fragmentado. La resolución del conflicto requerirá un equilibrio entre las necesidades locales, los costos de la actividad y la búsqueda de un marco regulatorio más transparente y previsible.
